Las Elecciones 2026 suman un nuevo capítulo de desconfianza: el fiscal Raúl Martínez Huamán ordenó un peritaje informático a los equipos usados por la ONPE el 12 de abril. Ya no se trata solo de retrasos, actas observadas o versiones contradictorias. Ahora computadoras, celulares, correos electrónicos, registros de visitas y cronogramas de distribución deberán hablar donde algunos funcionarios no han sabido responder con claridad.
La medida busca esclarecer qué ocurrió realmente con las fallas que afectaron la instalación de mesas en Lima y que golpearon la credibilidad del proceso electoral. Entre los funcionarios comprendidos figuran el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas, el subgerente de Producción Electoral Juan Phang Sánchez, la funcionaria de logística Hilda Otoya Alvarado y Willian García Velásquez. También se han requerido correos institucionales y personales, además de información vinculada al Plan Operativo Electoral, guías de despacho y reportes de monitoreo del traslado del material electoral.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿hubo solo desorden operativo, negligencia administrativa o algo más grave? Porque cuando el Ministerio Público necesita revisar equipos informáticos para reconstruir cómo se distribuyó el material electoral, el problema ya no puede maquillarse como una simple falla logística. La democracia no puede depender de rutas mal calculadas, equipos sin control, correos que nadie explica o decisiones tomadas a última hora.
El caso también expone una peligrosa fragilidad institucional. La ONPE tenía la responsabilidad de garantizar que el voto llegue, se emita, se custodie y se procese correctamente. Si el material electoral no llegó a tiempo, si hubo mesas que no pudieron instalarse y si los cronogramas no coincidían con la realidad operativa, corresponde saber quién decidió, quién omitió, quién modificó rutas y quién permitió que miles de ciudadanos quedaran atrapados en el desorden.
No se trata de alimentar teorías sin pruebas. Se trata de exigir transparencia. El peritaje debe servir para separar la sospecha de la evidencia, la negligencia del delito y la responsabilidad política de la penal. El país no necesita más comunicados tibios ni explicaciones defensivas. Necesita documentos, registros, trazabilidad y verdad.
El peritaje informático no debe ser un trámite más. Debe convertirse en una oportunidad para reconstruir la confianza electoral con hechos verificables y responsabilidades claras.
Reflexión final
En una elección, cada computadora, cada correo y cada registro puede ser clave para defender la voluntad popular. Si la ONPE está hoy bajo lupa digital, es porque la confianza pública ya fue golpeada. Y cuando el voto termina dependiendo de una investigación fiscal, la democracia entera queda obligada a mirarse al espejo.