El plan de gobierno de Juntos por el Perú, encabezado por Roberto Sánchez, merece una revisión seria, no una lectura superficial de campaña. En medio de una segunda vuelta cargada de tensión, el país no puede limitarse a escuchar frases moderadas, rectificaciones oportunas o intentos de suavizar propuestas incómodas. Lo que está escrito en un plan importa. Y en este caso, varias propuestas encienden alertas institucionales, económicas y democráticas: cambio del régimen económico constitucional, control sobre medios, creación de un “poder popular”, mayor intervención estatal, renegociación de contratos y expansión del gasto sin una ruta clara de financiamiento.
El exministro de Economía Luis Carranza ha calificado el programa de Juntos por el Perú como una “ruta directa” hacia un modelo de alto riesgo, señalando cuatro problemas centrales: inseguridad jurídica, controles de mercado, aumento del gasto público sin eficiencia estatal y creación de empresas públicas. Además, otros reportes han advertido que el plan incluye propuestas como veedurías ciudadanas sobre medios de comunicación y un “Poder Popular”, elementos que han generado preocupación entre constitucionalistas por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y el equilibrio institucional.
El problema no es que un partido proponga cambios. La democracia vive del debate y de la posibilidad de reformar lo que no funciona. El problema aparece cuando bajo el lenguaje de justicia social, soberanía o equidad se plantean fórmulas que pueden debilitar derechos, espantar inversión, condicionar libertades y abrir la puerta a un Estado más controlador que eficiente.
Modificar reglas económicas sin claridad puede afectar la confianza, los contratos y la inversión privada. Introducir controles de precios o planificación productiva puede sonar atractivo en un discurso, pero la historia regional demuestra que suele terminar en escasez, informalidad y deterioro. Crear empresas públicas sin resolver antes la ineficiencia del Estado puede repetir errores costosos. Y aumentar gasto sin explicar financiamiento responsable no es justicia social: es promesa sin caja.
Más grave aún es la dimensión institucional. Las veedurías sobre medios de comunicación deben ser observadas con especial cuidado. Nadie defiende la desinformación ni los discursos de odio, pero cualquier mecanismo que pueda convertirse en vigilancia política sobre la prensa representa un riesgo para la libertad de expresión. En una democracia, los medios se fiscalizan con pluralidad, justicia independiente y ciudadanía crítica, no con estructuras que puedan ser usadas desde el poder.
Desde esta tribuna, la advertencia es clara: el país no debe votar a ciegas. Roberto Sánchez y Juntos por el Perú tienen la obligación de explicar qué propuestas mantienen, cuáles rectifican y qué garantías ofrecen para no afectar la autonomía institucional, la libertad de prensa, la estabilidad económica y el derecho de los ciudadanos a vivir sin controles políticos disfrazados de participación.
El Perú necesita reformas, sí. Pero no necesita saltos al vacío. Necesita un Estado eficiente, no un Estado omnipresente. Necesita combatir desigualdad, no dividir al país entre enemigos sociales. Necesita más oportunidades, no menos libertades.
El plan de Juntos por el Perú no puede despacharse como exageración de adversarios ni como tecnicismo electoral. Sus propuestas deben ser debatidas con transparencia porque comprometen el rumbo institucional del país. La justicia social no puede ser excusa para debilitar libertades, ni la equidad puede convertirse en coartada para aumentar control estatal. En esta elección, el país no solo debe preguntar quién gobernará. Debe preguntar cómo pretende hacerlo. Porque los planes de gobierno no son literatura decorativa: son advertencias escritas.