El Congreso de la República ha tenido que intervenir ante la crítica situación del Estadio Max Augustín de Iquitos, porque cuando las instituciones responsables duermen durante años, alguien debe encender la alarma. Mediante oficio dirigido al presidente nacional del IPD, Sergio Ludeña Visalot, el congresista Jorge Morante solicitó atención urgente por la inoperatividad del recinto, hoy impedido de albergar competencias oficiales de fútbol profesional y formativo en Loreto. No es un problema menor ni una incomodidad logística: es una vergüenza institucional que una región entera se quede sin estadio por años de omisión y falta de planificación pública.
El campo sintético del Max Augustín superó ampliamente su vida útil tras más de 21 años de uso continuo. Si se considera que un césped artificial deportivo suele tener una vida útil aproximada de 8 años, el cambio debió realizarse hace mucho tiempo. La Federación Peruana de Fútbol considera que el estadio no reúne condiciones técnicas para partidos de alta competencia. Dicho sin rodeos: se dejó morir el principal recinto deportivo de Iquitos mientras las autoridades miraban el deterioro como si fuera parte del paisaje. Aquí no faltó tiempo; faltó gestión.
La propia carta enviada por Raúl Leguía Puente, gerente general del Club CNI, al congresista Morante, confirma la gravedad del problema. El club señala que no cuenta con escenario deportivo apto en su región y que, por ello, se ha visto obligado a designar Tarapoto como sede principal para disputar la temporada 2026 y la Copa Caliente de la Liga 2026. Esa decisión no solo encarece la operación del club; también rompe el vínculo con su hinchada, reduce la recaudación local y golpea la identidad deportiva de Iquitos.
Los afectados tienen nombre propio: CNI, Comerciantes FC, Yanapuma FC femenino, escuelas de formación, ligas distritales, juveniles e instituciones educativas. La inoperatividad del Max Augustín no perjudica únicamente al fútbol profesional; también golpea al fútbol de menores, al fútbol femenino y a toda una comunidad deportiva que dependía del único recinto administrado por el IPD en Iquitos.
Aquí hay responsabilidades que no pueden seguir escondidas detrás de oficios, sellos y excusas. El IPD nacional debió prever el cambio del césped antes del colapso. El IPD Iquitos debió gestionar oportunamente ante Lima. El Gobierno Regional tampoco puede mirar desde la tribuna si existían partidas o posibilidades de intervención. Las gestiones anteriores dejaron una bomba de tiempo, y el actual presidente IPD recibe una herencia pesada de sus antecesores; pero heredar un problema no autoriza a prolongarlo.
Lo más absurdo es que la inoperatividad también golpea al propio IPD: al no poder alquilar el estadio a clubes de Liga 2 como CNI y Comerciantes, ni a Yanapuma en fútbol femenino, pierde ingresos mientras mantiene costos. Es decir, la desidia ni siquiera resulta rentable. La negligencia deportiva termina siendo también torpeza administrativa.
El pedido congresal exige información sobre acciones adoptadas, medidas urgentes y una mesa técnica. Pero Loreto no necesita otra reunión decorativa ni otro diagnóstico que duerma en una carpeta. Necesita presupuesto, cronograma, responsables, fecha de reposición del césped y un plan integral de rehabilitación del Max Augustín.
Reflexión final
El Max Augustín no puede seguir siendo monumento al abandono. Iquitos merece jugar en casa. Cuando el centralismo, la burocracia y la incompetencia expulsan al fútbol amazónico de su propio estadio, el problema ya no es solo deportivo: es político, moral y profundamente injusto. Loreto no merece seguir pagando la factura de autoridades que llegaron tarde a todo. ((Foto: lacajanegra.blog).