A pocas semanas de concluir su mandato, el gobierno de José María Balcázar prepara una decisión que amenaza con impactar directamente el bolsillo de millones de peruanos. El incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre productos como cervezas, gaseosas y otras bebidas de alta demanda podría traducirse en un aumento inmediato de precios en bodegas, mercados y establecimientos comerciales de todo el país.
La medida ha generado preocupación entre empresarios, comerciantes y consumidores, no solo por sus efectos económicos, sino también por el momento político en que pretende aplicarse. Cuando el país espera estabilidad y señales de confianza para la inversión, el Ejecutivo parece optar por una ruta que podría encarecer aún más el costo de vida.
El argumento oficial es fortalecer la recaudación fiscal. Sin embargo, la experiencia demuestra que los impuestos rara vez permanecen en los escritorios del Ministerio de Economía. Tarde o temprano terminan reflejándose en el precio final que paga el consumidor.
La cerveza y las gaseosas forman parte del consumo cotidiano de millones de peruanos. No se trata únicamente de grandes industrias. Detrás de estos productos existe una extensa cadena económica que involucra a pequeños comerciantes, bodegueros, distribuidores, transportistas y trabajadores que dependen directamente de su comercialización.
Los representantes de más de medio millón de bodegas en el país advierten que la medida podría afectar las ventas en un momento especialmente complejo. Muchos pequeños negocios ya enfrentan sobrecostos derivados de la inseguridad ciudadana, la extorsión, el incremento de servicios y la reducción del poder adquisitivo de los consumidores. Un nuevo aumento de precios podría profundizar esa situación.
La preocupación también alcanza al sector exportador y empresarial. La reducción del drawback y otros cambios tributarios planteados por el Ejecutivo son interpretados por diversos gremios como señales que podrían afectar la competitividad y la confianza para invertir. En una economía que necesita generar empleo formal y atraer capitales, la incertidumbre suele convertirse en un enemigo silencioso del crecimiento.
Más allá de la discusión tributaria, surge una pregunta legítima: ¿por qué un gobierno que se encuentra en sus últimas semanas de gestión decide impulsar medidas con efectos económicos que deberán asumir los ciudadanos y la próxima administración?
La sostenibilidad fiscal es una necesidad para cualquier Estado responsable. Sin embargo, recaudar más no siempre significa administrar mejor. La eficiencia del gasto público y la lucha contra la corrupción deberían ocupar el primer lugar antes que nuevas cargas tributarias.
Reflexión final
Cuando los ingresos familiares avanzan más lento que los precios, cualquier incremento tributario termina sintiéndose como un castigo adicional para el ciudadano común. El Perú necesita reglas claras, estabilidad económica y confianza. Porque gobernar no consiste únicamente en recaudar más, sino en evitar que el costo de los errores públicos termine pagándose en cada compra realizada por millones de peruanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).