En el Perú parece haberse instalado una curiosa tradición política: mientras los resultados son favorables, las instituciones electorales funcionan correctamente; cuando los números dejan de acompañar, aparecen las denuncias, las sospechas, las movilizaciones y los cuestionamientos al sistema. La reciente convocatoria de Juntos por el Perú a marchas y vigilias «en defensa del voto» revive una práctica que se ha vuelto demasiado familiar en la política nacional: convertir la derrota electoral en una batalla contra las reglas del juego.
La defensa del voto es un derecho democrático incuestionable. También lo es presentar impugnaciones, observaciones y recursos legales. Pero una cosa es ejercer derechos y otra muy distinta es construir una narrativa de desconfianza permanente cada vez que los resultados no coinciden con las expectativas de una candidatura.
El problema no pertenece exclusivamente a una organización política. La historia reciente demuestra que diversos sectores, desde distintas posiciones ideológicas, han recurrido al mismo comportamiento. Cuando ganan, hablan de democracia; cuando pierden, hablan de irregularidades. Cuando las instituciones validan sus triunfos, son confiables; cuando certifican sus derrotas, son objeto de sospecha.
Lo preocupante es que esta conducta termina dañando algo mucho más importante que una elección: la credibilidad del sistema democrático. La ciudadanía observa cómo dirigentes que participaron voluntariamente en el proceso electoral cuestionan posteriormente las mismas reglas que aceptaron antes de competir.
Más grave aún resulta que el país continúe atrapado en discusiones electorales interminables mientras enfrenta problemas mucho más urgentes. La delincuencia avanza, la extorsión golpea a miles de familias, la economía lucha por recuperar dinamismo y la confianza en las instituciones se encuentra en niveles preocupantes. Sin embargo, buena parte de la dirigencia política parece más concentrada en prolongar la disputa electoral que en afrontar los desafíos nacionales.
La estrechez de los resultados no convierte automáticamente una derrota en una injusticia. Tampoco transforma las sospechas en pruebas. Las democracias funcionan precisamente porque existen organismos encargados de resolver controversias y proclamar resultados. Si cada elección termina siendo rechazada por quien pierde, el problema ya no está en las urnas, sino en la cultura política.
Las marchas pueden ser legítimas. Las impugnaciones también. Pero ninguna democracia puede fortalecerse si la derrota electoral se convierte sistemáticamente en una campaña de cuestionamiento contra las instituciones.
Reflexión final
La grandeza democrática no se demuestra cuando se gana. Se demuestra cuando se pierde. El Perú necesita líderes capaces de aceptar los resultados con la misma convicción con la que participaron en la contienda. Porque cuando la política convierte cada derrota en sospecha y cada resultado adverso en confrontación, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: que las reglas solo valen mientras favorezcan a quien las invoca. Y esa es una de las formas más eficaces de erosionar la confianza en la democracia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).