Mientras la atención nacional se concentra en disputas políticas, conteos electorales y cambios de gobierno, una tragedia cotidiana continúa desarrollándose en las calles del Perú. Entre enero y mayo de este año se registraron 131 homicidios y tentativas de homicidio vinculados a la extorsión contra transportistas. Detrás de cada cifra hay conductores, cobradores, pasajeros y familias enteras atrapadas en una violencia que parece haberse normalizado.
La pregunta ya no es si la criminalidad está avanzando. La evidencia demuestra que lo está haciendo. La verdadera interrogante es por qué el Estado sigue llegando tarde.
Las cifras del Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia son alarmantes. En 2025 fueron asesinados 239 transportistas, taxistas, mototaxistas, cobradores y pasajeros. Este año la tendencia continúa. Lima y Callao concentran gran parte de los ataques, pero el problema ya se expande hacia diversas regiones del país.
Lo más preocupante es que las mafias parecen operar con una capacidad de intimidación que supera la respuesta estatal. Los atentados se repiten en Comas, San Juan de Lurigancho, Callao, San Martín de Porres, Ate, Ventanilla y otros distritos donde los disparos contra buses, combis y mototaxis se han convertido en una amenaza recurrente.
La situación evidencia el fracaso de una estrategia basada principalmente en estados de emergencia que no han logrado contener la expansión del crimen organizado. Durante años se han anunciado medidas extraordinarias, operativos especiales y despliegues policiales temporales. Sin embargo, los resultados muestran una realidad distinta: los extorsionadores continúan cobrando cupos, amenazando empresas y sembrando terror entre trabajadores que simplemente intentan ganarse la vida.
Resulta imposible ignorar que el problema trasciende a un solo gobierno. Desde la administración de Pedro Castillo hasta las gestiones de Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar, el país no ha logrado construir un verdadero Plan Nacional de lucha contra la criminalidad. Las respuestas han sido fragmentadas, reactivas y muchas veces enfocadas en apagar incendios en lugar de desmontar las estructuras criminales.
Los expertos coinciden en que el combate contra la extorsión requiere inteligencia, análisis de datos, investigación criminal y tecnología. Sin embargo, mientras esas herramientas avanzan lentamente, los delincuentes continúan adaptándose con rapidez y ampliando su control sobre actividades económicas fundamentales.
La violencia contra los transportistas ya no puede considerarse un problema sectorial. Se ha convertido en una amenaza directa contra la seguridad ciudadana, la economía y la estabilidad social.
Reflexión final
Un país donde los conductores trabajan bajo amenaza y los pasajeros viajan con miedo es un país donde el crimen comienza a disputar espacios que corresponden al Estado. La lucha contra la extorsión no puede medirse por discursos ni por decretos de emergencia. Debe medirse por resultados. Y las cifras actuales revelan una verdad incómoda: mientras las mafias avanzan, el Estado sigue corriendo detrás de ellas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).