En toda democracia seria, las reglas electorales deberÃan ser estables, previsibles y respetadas por todos los actores polÃticos. En el Perú, sin embargo, parece haberse instalado una peligrosa costumbre: cambiar las reglas cuando estas comienzan a incomodar a quienes tienen el poder de modificarlas. La reciente aprobación de la Ley N.° 32657 por parte del Congreso de la República vuelve a colocar en evidencia una práctica que erosiona la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que la polÃtica funciona bajo privilegios que no están al alcance del resto de los peruanos.
La modificación aprobada no es un simple ajuste técnico. Es una decisión polÃtica con beneficiarios concretos. La Ley N.º 32657, publicada en el diario oficial El Peruano, modificó el literal f) del artÃculo 13 de la Ley de Organizaciones PolÃticas y redujo de 50% a 30% el número mÃnimo de regiones en las que un partido debe presentar listas para conservar su inscripción electoral.
Traducido al lenguaje ciudadano, significa que organizaciones polÃticas que no alcanzaban las exigencias establecidas por la legislación vigente hasta antes de la reforma ahora pueden mantenerse con vida gracias a una norma aprobada cuando el proceso electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya se encuentra en marcha.
Lo más llamativo es que muchas de las fuerzas polÃticas que hoy se benefician de esta flexibilización fueron las mismas que años atrás defendÃan reformas destinadas a fortalecer el sistema de partidos, elevar estándares de participación y reducir la fragmentación polÃtica. Cuando las exigencias afectaban a otros, eran presentadas como indispensables para fortalecer la democracia. Cuando comenzaron a afectar a los propios actores polÃticos, las reglas dejaron de ser tan importantes.
La señal es profundamente preocupante. Si el Congreso puede modificar requisitos electorales cada vez que determinados partidos enfrentan dificultades para cumplirlos, entonces las normas dejan de ser instrumentos de fortalecimiento democrático para convertirse en mecanismos de supervivencia polÃtica.
Diversos especialistas en derecho electoral han advertido que la Ley N.º 32657 podrÃa vulnerar el principio de intangibilidad normativa electoral, según el cual las reglas de una elección no deberÃan modificarse durante el desarrollo del proceso. La preocupación no radica únicamente en los beneficiarios inmediatos de la norma, sino en el precedente que deja para el futuro. Si hoy se cambian las reglas para salvar a determinados partidos, mañana podrÃan modificarse para beneficiar a cualquier otra organización o candidatura que enfrente dificultades.
Mientras tanto, el paÃs observa cómo problemas urgentes como la inseguridad ciudadana, la extorsión, el crimen organizado, la crisis de salud pública y la falta de empleo esperan respuestas concretas. Sin embargo, cuando se trata de asuntos que comprometen directamente la supervivencia de la clase polÃtica, la capacidad de reacción legislativa parece funcionar con una velocidad sorprendente.
La democracia necesita partidos sólidos, pero también necesita reglas respetadas. Cuando las normas electorales son modificadas para favorecer a quienes no lograron cumplirlas, la principal afectada es la confianza ciudadana en las instituciones.
Reflexión final
El problema no es únicamente la Ley N.º 32657. El problema es la cultura polÃtica que la inspira. Cada vez que el Congreso modifica las reglas para beneficiar a quienes deberÃan someterse a ellas, fortalece la percepción de que existen dos tipos de ciudadanos frente a la ley: aquellos que están obligados a cumplirla y aquellos que pueden reescribirla cuando les resulta incómoda. Y pocas cosas resultan más dañinas para una democracia que la sensación de que las reglas cambian según la conveniencia de quienes tienen el poder para modificarlas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).