Las elecciones democráticas existen para que los ciudadanos decidan quién gobierna. Por ello, cada voto emitido representa un derecho constitucional que solo puede ser invalidado bajo circunstancias extraordinarias. El pedido para anular 2.398 mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos ha abierto una de las controversias más delicadas de este proceso electoral. No se trata únicamente de una disputa entre candidatos. Se trata de la posibilidad de dejar sin efecto la voluntad de cientos de miles de ciudadanos.
La admisión a trámite de las solicitudes presentadas por Juntos por el Perú ha generado interpretaciones apresuradas. Sin embargo, conviene recordar una precisión fundamental: admitir un recurso no significa darle la razón al solicitante. El Jurado Electoral Especial únicamente ha verificado requisitos formales. La decisión de fondo corresponde al Jurado Nacional de Elecciones.
Lo que está en discusión es de enorme magnitud. Anular 1.751 mesas en Lima y 647 en Estados Unidos implicarÃa afectar potencialmente a más de medio millón de electores. No estamos ante una observación aislada ni frente a errores materiales especÃficos. Estamos ante una solicitud de nulidad masiva que, de prosperar, tendrÃa consecuencias históricas para el sistema electoral peruano.
Por esa razón, la ley establece exigencias extremadamente rigurosas. La simple sospecha, las coincidencias estadÃsticas o las interpretaciones polÃticas no bastan para invalidar votos. Se requieren pruebas sólidas de fraude, violencia o irregularidades graves que alteren sustancialmente la voluntad popular.
Aquà surge una reflexión inevitable. En los procesos electorales modernos parece consolidarse una práctica preocupante: cuando los resultados son estrechos, la batalla deja las urnas y se traslada a expedientes, apelaciones y estrategias jurÃdicas. El riesgo es que la discusión termine desplazando al verdadero protagonista de una democracia: el ciudadano que acudió a votar de buena fe.
El Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de resolver este caso con independencia, rigor técnico y absoluto respeto al principio de conservación del voto. Lo que decida marcará un precedente importante para futuras elecciones.
Reflexión final
La democracia reconoce el derecho a impugnar y fiscalizar. Pero también obliga a proteger la voluntad ciudadana frente a intentos de invalidación que no estén sustentados por pruebas irrefutables. Cuando se habla de anular miles de mesas, no se discuten únicamente números o estadÃsticas. Se discute el valor mismo del sufragio. Y en una democracia, pocas decisiones son tan delicadas como privar de efecto al voto de cientos de miles de ciudadanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).