La Policía Nacional del Perú nació para proteger a los ciudadanos, defender a las víctimas y garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, las cifras reveladas sobre violencia de género dentro de la institución exponen una realidad que debería generar una profunda preocupación nacional. No se trata de unos pocos casos aislados ni de hechos excepcionales. Estamos hablando de casi 4.000 policías investigados por denuncias vinculadas a violencia física, psicológica, sexual, tentativa de feminicidio y feminicidio. Una cifra que obliga a preguntarnos qué está ocurriendo dentro de una de las instituciones más importantes del país.
Los números son demoledores. Entre 2018 y 2025 fueron investigados cerca de 3.875 efectivos policiales por violencia de género. Solo en 2025, más de 1.600 policías fueron denunciados. Sin embargo, el dato más preocupante aparece al revisar el desenlace de los procesos: apenas el 31% terminó con sanciones, mientras que el 69% fue archivado por absoluciones, retiro de denuncias o caducidad.
La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una institución capaz de sancionar eficazmente a quienes traicionan su misión o ante un sistema que sigue mostrando enormes dificultades para enfrentar sus propios problemas internos?
La situación resulta aún más alarmante porque muchas de las víctimas denuncian precisamente a personas que tienen acceso a armas, entrenamiento policial y conocimiento de los mecanismos institucionales. El desequilibrio de poder es evidente. No es lo mismo denunciar a cualquier agresor que denunciar a alguien que forma parte de la institución encargada de recibir y procesar denuncias.
Lo que está en juego no es únicamente la conducta individual de determinados efectivos. Está en juego la credibilidad institucional. Cada caso de violencia protagonizado por un policía golpea directamente la confianza ciudadana. Cada expediente archivado sin respuestas claras alimenta la percepción de impunidad. Cada víctima que no encuentra justicia erosiona el vínculo entre la ciudadanía y la institución llamada a protegerla.
Lo más preocupante es que el problema parece haber dejado de generar sorpresa. Las cifras se acumulan año tras año mientras los discursos oficiales hablan de capacitaciones, protocolos y sensibilización. Sin embargo, los resultados muestran que las medidas implementadas no han logrado contener una problemática que continúa creciendo.
Ninguna institución puede exigir respeto y confianza de la ciudadanía si no demuestra la misma firmeza para enfrentar las conductas que vulneran los derechos fundamentales dentro de sus propias filas.
La violencia de género dentro de la Policía Nacional no constituye únicamente un problema disciplinario. Es una crisis institucional que exige decisiones firmes, transparencia y una verdadera voluntad de depuración interna.
Reflexión final
La inmensa mayoría de policías cumple su labor con honestidad y sacrificio. Precisamente por ellos, la institución no puede permitirse mirar hacia otro lado. Cuando casi 4.000 efectivos son investigados por violencia de género, el problema ya no pertenece a los expedientes. Pertenece al país entero. Porque una sociedad difícilmente puede sentirse protegida cuando quienes tienen la responsabilidad de defender a las víctimas aparecen, con demasiada frecuencia, entre los denunciados. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).