Dentro de pocas semanas terminará uno de los periodos parlamentarios más cuestionados de la historia republicana. Lo hará con niveles mínimos de aprobación ciudadana, una larga sucesión de controversias, investigaciones, cambios de bancada, denuncias éticas y un conjunto de leyes que han generado intensos cuestionamientos por parte de especialistas, instituciones y amplios sectores de la sociedad.
Más que un balance legislativo, el Congreso 2021-2026 deja un profundo debate sobre el uso del poder político. Mientras el país enfrentaba el avance de la criminalidad, la crisis de los servicios públicos, el crecimiento de la minería ilegal, el narcotráfico y la pérdida de confianza en las instituciones, considerable parte de la agenda parlamentaria estuvo marcada por reformas que numerosos analistas interpretaron como favorables a intereses políticos antes que a las prioridades nacionales.
La principal herencia de este Congreso no será el número de leyes aprobadas, sino la calidad de muchas de ellas y el impacto institucional que podrían tener durante los próximos años.
Durante su gestión, se apoyaron normas sobre amnistías, cambios en el Código Penal Militar Policial, reformas a los delitos de lesa humanidad, reformas electorales, el regreso de la bicameralidad con reelección inmediata y otras propuestas que recibieron críticas de juristas, organismos especializados y diferentes sectores académicos.
A ello se sumó una inestabilidad política permanente. El transfuguismo convirtió numerosas bancadas en agrupaciones cambiantes donde las alianzas respondieron con frecuencia a intereses coyunturales antes que a proyectos ideológicos consistentes. La fragmentación terminó debilitando la representación política y profundizando el descrédito del Parlamento.
Tampoco pasaron inadvertidos los casos conocidos como «mochasueldos», las denuncias contra congresistas investigados, los blindajes políticos, las disputas por el control de instituciones públicas y la aprobación de normas que generaron un intenso debate sobre su constitucionalidad.
Todo ello ocurrió mientras el país atravesaba una de las etapas más desafiantes de las últimas décadas. La inseguridad ciudadana se convirtió en la principal preocupación nacional. Las extorsiones y el sicariato golpearon a miles de familias. La minería ilegal amplió su presencia en diversas regiones. Millones de peruanos continuaron enfrentando graves deficiencias en salud, educación, acceso al agua potable y servicios básicos. Además, la confianza ciudadana en las instituciones siguió deteriorándose.
Resulta difícil explicar que, frente a semejante escenario, muchas de las principales energías del Parlamento hayan estado concentradas en reformas cuya prioridad fue ampliamente discutida por la opinión pública.
Desde La Caja Negra consideramos que este Congreso será recordado como uno de los más controvertidos de la historia reciente del Perú. No únicamente por sus bajos niveles de aprobación, sino porque durante su gestión se profundizó la distancia entre las preocupaciones reales de la ciudadanía y la agenda política del Parlamento.
Una democracia se fortalece cuando el Congreso legisla para resolver los problemas del país. Se debilita cuando la ciudadanía percibe que las prioridades del poder político marchan por un camino distinto al de las necesidades nacionales.
El próximo Parlamento recibirá una enorme responsabilidad: recuperar la credibilidad perdida. Esa tarea no dependerá únicamente de nuevas leyes, sino de una nueva forma de ejercer la representación política, con mayor transparencia, rigor técnico y compromiso con el interés público.
Los congresistas pasarán; las leyes permanecerán. Por ello, cada decisión adoptada durante estos cinco años seguirá influyendo sobre la institucionalidad peruana mucho después de concluido este periodo legislativo.
Reflexión final
La verdadera herencia de un Congreso no se mide por la cantidad de proyectos aprobados, sino por la confianza que deja en los ciudadanos. Cuando un Parlamento concluye su mandato con un amplio rechazo social, con instituciones debilitadas y con reformas permanentemente cuestionadas, corresponde realizar una profunda autocrítica. El Perú necesita un Congreso que vuelva a ser un espacio de representación nacional y no un escenario donde predominen la confrontación, los intereses particulares y las decisiones alejadas de las urgencias del país. La democracia no puede sostenerse únicamente con elecciones; también necesita instituciones que recuperen el respeto y la confianza de quienes dicen representar. (Foto ilustración: blog lacajanegra).