Quien asuma la Presidencia de la República el próximo 28 de julio no recibirá un país en transición, sino una nación profundamente golpeada por años de crisis políticas, deterioro institucional y ausencia de reformas estructurales. Gobernará un Perú donde la inseguridad se ha convertido en el principal problema nacional, la economía pierde dinamismo, la corrupción continúa infiltrando instituciones públicas y la confianza ciudadana en el Estado se encuentra en uno de sus niveles más bajos.
Más que un cambio de gobierno, el país enfrentará una compleja operación de reconstrucción nacional. El nuevo presidente no heredará únicamente el despacho presidencial. Recibirá un Estado debilitado, instituciones cuestionadas y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.
Los últimos años dejaron una pesada factura para el Perú. La inestabilidad política provocó la sucesión de gobiernos incapaces de consolidar políticas públicas de largo plazo. Mientras el país discutía crisis políticas permanentes, la delincuencia organizada aprovechó el vacío para expandirse.
La extorsión dejó de ser un delito excepcional para convertirse en una amenaza cotidiana contra comerciantes, transportistas, empresarios y emprendedores. El sicariato se ha normalizado en numerosas ciudades. La minería ilegal continúa destruyendo ecosistemas y capturando economías regionales. El narcotráfico fortalece sus redes logísticas y financieras. La trata de personas y el tráfico de tierras siguen creciendo donde el Estado prácticamente ha desaparecido.
Al mismo tiempo, los problemas sociales continúan agravándose. Hospitales con infraestructura insuficiente, millones de peruanos con acceso limitado a servicios básicos, una educación pública que aún no recupera los aprendizajes perdidos, elevados niveles de anemia y desnutrición infantil en diversas regiones, problemas de salud mental insuficientemente atendidos y amplias brechas entre el Perú urbano y rural conforman parte del escenario que recibirá el próximo gobierno.
La situación institucional tampoco ofrece un panorama alentador.
El Congreso saliente concluye su gestión con una aprobación ciudadana históricamente baja y con un conjunto de leyes ampliamente debatidas por sus implicancias institucionales. El sistema electoral continúa siendo objeto de cuestionamientos por su lentitud y necesidad de modernización. Diversas entidades públicas enfrentan una profunda pérdida de confianza ciudadana.
La corrupción continúa drenando recursos públicos que deberían destinarse a hospitales, colegios, carreteras, agua potable e infraestructura. Cada obra inconclusa representa una oportunidad perdida para millones de peruanos.
Como si ello no fuera suficiente, el nuevo gobierno deberá administrar un Congreso bicameral altamente fragmentado, donde la construcción de consensos será mucho más compleja y donde las tensiones políticas podrían convertirse nuevamente en un obstáculo para la gobernabilidad.
Desde La Caja Negra consideramos que el próximo presidente tendrá uno de los mayores desafíos de la historia democrática reciente.
No bastarán cambios de ministros, discursos optimistas ni medidas de corto plazo. El Perú necesita un verdadero proyecto nacional capaz de recuperar la autoridad del Estado, reconstruir la institucionalidad, combatir frontalmente al crimen organizado, modernizar el aparato público, impulsar la inversión, fortalecer la educación, recuperar la salud pública y devolver la confianza a los ciudadanos.
Gobernar ya no consistirá únicamente en administrar el Estado. Será necesario reconstruirlo.
El país requiere liderazgo, planificación estratégica, equipos técnicos altamente calificados y políticas públicas que trasciendan el corto plazo. La improvisación ya no tiene espacio.
La próxima administración no comenzará desde una posición de fortaleza. Comenzará enfrentando una acumulación de crisis económicas, sociales, institucionales y de seguridad que exigirán decisiones firmes desde el primer día de gobierno.
Cada año perdido profundizará aún más los problemas estructurales que hoy frenan el desarrollo nacional.
Reflexión final
Las transformaciones significativas nacionales suelen comenzar en los momentos más difíciles. El próximo presidente tendrá la oportunidad de pasar a la historia como quien inició la reconstrucción del Perú o como otro gobernante que administró la crisis sin resolverla. El país ya no necesita gobiernos que sobrevivan políticamente durante cinco años. Necesita estadistas capaces de reconstruir instituciones, recuperar la autoridad del Estado y devolverles a los peruanos la confianza en su futuro. Porque la herencia que recibirá el próximo gobierno no será únicamente un conjunto de problemas acumulados. Será el resultado de años de decisiones postergadas que el Perú ya no puede seguir aplazando. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).