Las elecciones deberían ser la máxima expresión de la democracia y de la capacidad organizativa del Estado. En el Perú, lamentablemente, se han convertido en el mejor retrato de sus debilidades. Semanas después de que millones de ciudadanos acudieran a las urnas, el país continúa esperando la proclamación oficial del nuevo presidente. La incertidumbre ya no responde únicamente a la estrechez del resultado, sino a un sistema electoral que parece haber quedado atrapado en el pasado mientras el mundo avanza hacia procesos más expeditos, transparentes y eficientes.
Resulta difícil comprender cómo un país que ha destinado durante años cientos de millones de soles al fortalecimiento de sus organismos electorales sigue ofreciendo un proceso tan lento y burocrático. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones cuentan con infraestructura tecnológica, personal especializado, sistemas informáticos y recursos logísticos que hace dos décadas parecían inalcanzables. Sin embargo, cada elección vuelve a terminar de la misma manera: apelaciones interminables, incertidumbre prolongada y una ciudadanía que pierde confianza en las instituciones.
La explicación oficial señala que existen recursos legales pendientes y que la ley debe respetarse. Nadie discute ese principio. Lo cuestionable es que el diseño del sistema permita que una elección presidencial permanezca abierta durante casi un mes, mientras el país entero vive en una especie de limbo político. La democracia necesita garantías jurídicas, pero también necesita eficiencia. La lentitud institucional termina convirtiéndose en una forma silenciosa de ineficiencia pública.
La comparación internacional resulta inevitable. Países con padrones electorales igualmente complejos, e incluso con conteos manuales, logran ofrecer resultados definitivos en tiempos considerablemente menores. En el Perú, en cambio, cada proceso revive el mismo libreto: impugnaciones, recursos, conferencias, especulaciones y semanas de espera. Lo que debería ser una demostración de fortaleza institucional termina proyectando la imagen de un Estado incapaz de responder con la rapidez que exige una democracia moderna.
Lo más preocupante es que esta situación ya dejó de ser excepcional. Se ha normalizado. Cada elección reproduce los mismos problemas sin que exista una verdadera voluntad política para corregirlos. Los gobiernos cambian, los funcionarios se reemplazan y los presupuestos aumentan, pero el sistema continúa funcionando con una lentitud que desgasta la credibilidad del proceso electoral y alimenta la polarización política.
El Perú necesita mucho más que proclamar a un nuevo presidente. Necesita reconstruir la confianza en sus instituciones mediante una reforma integral del sistema electoral que incorpore tecnología, simplifique procedimientos, reduzca plazos y garantice que la transparencia no sea incompatible con la eficiencia.
Reflexión final
La mayor fortaleza de una democracia no consiste únicamente en permitir que los ciudadanos voten libremente. También radica en ofrecer resultados oportunos, instituciones modernas y reglas capaces de generar confianza. Cada elección que se prolonga innecesariamente debilita esa confianza y erosiona la legitimidad del propio Estado. El Perú ya no puede seguir administrando las elecciones con procedimientos que pertenecen al siglo pasado mientras pretende enfrentar los desafíos del siglo XXI. La verdadera reforma pendiente no es solo política: es institucional. Solo un Estado moderno podrá sostener una democracia robusta. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).