El Mundial 2026 acaba de cruzar una línea peligrosa. Ya no hablamos solo de una tarjeta roja discutible, de una jugada revisada por el VAR o de una sanción deportiva en debate. Hablamos de algo mucho más grave: el presidente de Estados Unidos reconoció que llamó a Gianni Infantino para pedir una revisión que terminó favoreciendo a Folarin Balogun, delantero estadounidense, habilitado para jugar contra Bélgica en octavos de final. Según informó La Vanguardia, Trump admitió ante la prensa que intervino porque consideraba “horrible” la decisión arbitral. El resultado es demoledor: el fútbol mundial queda bajo la sospecha de haber cedido ante el poder político.
Balogun había sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina. En cualquier competencia seria, una tarjeta roja directa supone una consecuencia inmediata: suspensión para el siguiente partido. Pero la FIFA decidió suspender la ejecución de la sanción durante un año, permitiendo que una de las figuras del equipo anfitrión estuviera disponible en un duelo decisivo. El problema no es si la falta fue dura, leve o discutible. El problema es que una decisión disciplinaria terminó rodeada de llamadas, presiones, silencios y explicaciones insuficientes.
Trump intentó minimizar el hecho diciendo que “lo único” que hizo fue pedir una revisión. Pero en política y en deporte, las palabras no pesan igual según quién las pronuncie. No es lo mismo un hincha indignado que el presidente del país anfitrión llamando al presidente de la FIFA. Esa llamada no llega sola: llega cargada de poder, influencia, intereses comerciales, presión mediática y peso diplomático. La FIFA puede citar artículos reglamentarios, pero no puede borrar la percepción de que el reglamento se volvió flexible justo cuando lo necesitaba Estados Unidos.
La Vanguardia también informó que Bélgica contactó a la FIFA para pedir respuestas y que el organismo negó entregar una copia del documento que hizo elegible a Balogun para el partido. Esa negativa agranda la sombra. En una Copa del Mundo, la transparencia no puede administrarse como privilegio interno. Si la FIFA toma una decisión extraordinaria, debe mostrar sus fundamentos. Si no los muestra, alimenta la sospecha. Y en el fútbol, la sospecha es un veneno lento: no anula goles, pero destruye confianza.
La UEFA y sectores del fútbol europeo han expresado malestar por este indulto deportivo, mientras la Federación Belga reclama claridad. No piden favores; piden igualdad. Porque si el reglamento se aplica con severidad para unos y con indulgencia para otros, el juego limpio se convierte en eslogan decorativo. La FIFA, que tanto presume de fair play, queda atrapada en su propia contradicción: exige neutralidad a los jugadores, pero parece tolerar la influencia política cuando esta viene desde arriba.
El caso Balogun ya no pertenece únicamente al expediente disciplinario. Es un escándalo institucional. La FIFA debe explicar quién evaluó la revisión, qué criterios aplicó, por qué se apartó del castigo automático y por qué negó información solicitada por Bélgica. El silencio no protege al organismo; lo compromete. El Mundial no puede decidirse en llamadas privadas ni en oficinas cerradas.
Reflexión final
La pelota sí se manchó. Se manchó cuando una roja dejó de ser roja después de una llamada presidencial. Se manchó cuando el país anfitrión recibió una excepción en plena fase decisiva. Y se manchó cuando la FIFA, en vez de blindar la justicia deportiva, dejó la impresión de que el poder también puede jugar octavos de final.