La próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026, no debería reducirse a ceremonias, vallas, discursos oficiales y fotografías cuidadosamente organizadas. El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, ha colocado sobre la mesa una exigencia mucho más incómoda: derogar las llamadas leyes procrimen como señal concreta de preparación espiritual y moral del país.
La propuesta resulta pertinente. No hay una verdadera reconciliación si el Estado mantiene leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado, restringen el trabajo de fiscales y jueces, o que, de alguna manera, ayudan a que haya impunidad. Recibir al pontífice con calles adornadas, mientras la extorsión y el sicariato continúan avanzando, sería una demostración de fe exclusivamente decorativa.
Castillo sostuvo que reducir la extorsión y el sicariato constituiría una verdadera preparación espiritual. También advirtió que, mientras existan leyes que protejan o faciliten la acción criminal, poco podrá hacerse para pacificar al país.
Estas normas no aparecieron por generación espontánea. Fueron impulsadas o respaldadas en el Congreso por Fuerza Popular y otras bancadas, pese a las advertencias de especialistas, instituciones de justicia y organizaciones civiles. Lo ocurrido no puede presentarse ahora como un simple error técnico. Cuando el país exige herramientas contra el crimen y el Parlamento aprueba disposiciones que pueden dificultar su investigación, la responsabilidad es política y moral.
Quienes participaron en esas decisiones deben explicar si gobernaban para proteger a la ciudadanía o para debilitar los controles sobre quienes actúan al margen de la ley.
El Perú enfrenta una criminalidad organizada que extorsiona a transportistas, comerciantes y emprendedores; ordena asesinatos desde las cárceles; lava dinero y penetra instituciones públicas. Frente a esa realidad, mantener normas cuestionadas por obstaculizar la respuesta penal constituye una contradicción inadmisible.
El Congreso no puede proclamar preocupación por la inseguridad mientras conserva instrumentos legales que han sido señalados como favorables a la impunidad. La incoherencia es evidente: por un lado, se exige mano dura; por otro, se reducen capacidades de investigación o se introducen obstáculos procesales que benefician a quienes cuentan con recursos para explotar cada vacío normativo.
La visita papal ofrece una oportunidad política que trasciende lo religioso. León XIV llegará a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa para encontrarse con una sociedad golpeada por la violencia, la desigualdad y la desconfianza. Preparar al país significa algo más que reparar templos o diseñar recorridos. Significa demostrar que la defensa de la vida no es una consigna reservada para las homilías.
Desde La Caja Negra sostenemos que el Congreso debe revisar y derogar toda norma que debilite injustificadamente la lucha contra el crimen organizado. Esa revisión debe ser pública, técnica y transparente, sin pactos parlamentarios destinados a proteger intereses partidarios.
Fuerza Popular y las demás bancadas que respaldaron estas leyes tienen la obligación de corregirlas. Reconocer un error no debilita a una institución; persistir en él sí la desacredita.
Reflexión final
La mejor bienvenida al papa León XIV no será una ceremonia multitudinaria, sino un país capaz de colocar la justicia por encima del cálculo político.
Derogar las leyes procrimen sería una señal de rectificación y respeto por las víctimas. Porque no puede hablarse de paz mientras se legisla con indiferencia frente a quienes viven amenazados. La espiritualidad pública comienza cuando el poder deja de proteger sus decisiones y empieza a proteger a los ciudadanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).