Los limeños están próximos a escuchar propuestas, comparar candidatos y decidir su voto. Sin embargo, todavía desconocen una cuestión fundamental: quién recibiría la credencial de alcalde si triunfa una lista cuyo candidato principal renunció y cuyo primer regidor ya gobernó Lima durante el periodo vigente. La democracia no puede pedir confianza mientras mantiene oculto el nombre de quien finalmente ejercerá el poder.
Catorce organizaciones políticas han solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pronunciamiento vinculante y urgente sobre la posibilidad de que un candidato a primer regidor reciba la credencial de alcalde. La controversia surgió tras la renuncia de Luis Rubio a la candidatura de Renovación Popular y el pedido de esta agrupación para que Rafael López Aliaga, inscrito como primer regidor, participe en el debate municipal.
El asunto excede largamente la distribución de atriles. Antes de discutir quién representa a una lista frente a las cámaras, debe establecerse quién asumiría la Alcaldía de Lima si esa organización obtiene la victoria. Votar sin conocerlo sería como firmar un contrato en el que la cláusula más importante aparece después de la firma.
Los partidos solicitantes advierten que el mecanismo podría convertirse en una presunta reelección inmediata encubierta. Renovación Popular, única agrupación que votó contra el pedido, sostiene que se pretende ejercer presión indebida sobre la autoridad electoral. No corresponde anticipar culpabilidades ni fabricar sentencias políticas, pero sí exigir que el árbitro abandone cualquier comodidad burocrática y explique las reglas antes de comenzar el partido.
El JNE tiene la obligación de interpretar el artículo 194 de la Constitución y precisar si la sucesión permitiría entregar la credencial al primer regidor en estas circunstancias. Su respuesta debe producirse antes de los debates del 21 y 22 de septiembre, no después de que los electores hayan votado ni cuando el conflicto ya amenace la legitimidad del resultado.
La incertidumbre electoral nunca es neutral. Beneficia a quien puede aprovecharla, perjudica al ciudadano y degrada la confianza en las instituciones. Una omisión del JNE no evitaría la controversia: solamente la trasladaría hacia un escenario más grave.
Los partidos tienen derecho a solicitar claridad, pero la ciudadanía tiene todavía más derecho a recibirla. El JNE debe establecer quién postula realmente a gobernar Lima, quién participará en el debate y quién obtendría la credencial si la lista cuestionada gana.
Reflexión final
Las elecciones no pueden organizarse como un acertijo de sucesiones, renuncias e interpretaciones convenientes. Cuando el elector marca un símbolo sin saber con certeza quién ocupará el cargo, el voto deja de ser plenamente informado y comienza a parecerse demasiado a un cheque en blanco. . (Foto ilustración: lacajanegra.blog).