Trece congresistas del periodo anterior cobraron beneficios económicos por el fallecimiento de familiares cercanos. La cuenta total ascendió a S/655.200 y fue cubierta, naturalmente, con el presupuesto del Parlamento. Porque en un país donde muchas familias deben organizar colectas para enterrar a sus seres queridos, el Congreso ha conseguido que el duelo de sus integrantes tenga respaldo financiero privilegiado.
Conviene decirlo con absoluta claridad: nadie cuestiona el dolor de perder a un padre, una madre o un hijo. El duelo merece respeto. Lo que provoca indignación es la existencia de un beneficio de hasta S/62.400 para autoridades que reciben remuneraciones elevadas y ya cuentan con un seguro contratado con Rímac, cuya cobertura por fallecimiento de familiares cercanos alcanza los S/14.000.
Los beneficiarios fueron Edwin Martínez, Edgard Reymundo, Guido Bellido, Patricia Juárez, Germán Tacuri, Idelso García, Carlos Zeballos, David Jiménez, Gladys Echaíz, Eduardo Acate, Roselli Amuruz, Marcos Pichilingue y María Taipe. Amuruz y Echaíz percibieron S/31.200 y no cobraron el subsidio específico por sepelio. David Jiménez y Patricia Juárez continúan actualmente en el Parlamento como senadores de Fuerza Popular.
Los desembolsos se encuentran contemplados en una regulación vigente desde 2009. Todo muy ordenado, sellado y administrativamente correcto. Sin embargo, una norma no convierte automáticamente un privilegio en una medida justa. También existen desigualdades perfectamente reglamentadas, especialmente cuando quienes reciben el beneficio forman parte de la institución con capacidad para revisarlo o eliminarlo.
La pregunta es inevitable: si existe un seguro que cubre el fallecimiento de familiares, ¿por qué el Estado debe financiar un pago adicional tan elevado? ¿Qué criterio de necesidad justifica destinar S/655.200 a trece representantes mientras miles de ciudadanos afrontan funerales con préstamos, colectas o ayuda comunitaria?
El Congreso debe transparentar cada desembolso, revisar la coexistencia de ambas coberturas y eliminar cualquier duplicidad injustificada. No se trata de negar protección laboral, sino de establecer beneficios razonables, proporcionales y compatibles con la realidad del país.
La verdadera representación democrática comienza cuando las autoridades aceptan vivir bajo reglas semejantes a las de sus representados. La muerte iguala a todas las personas, pero el presupuesto público parece empeñado en establecer diferencias. Para trece congresistas hubo S/655.200; para demasiadas familias peruanas, apenas queda pasar el sombrero. Esa distancia también sepulta la confianza ciudadana. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).