Las desgarradoras cifras oficiales de la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa) han encendido una alarma nacional que expone la profunda podredumbre del sistema sanitario peruano: hasta la fecha se registran 23 niños de 0 a 11 años fallecidos a causa del dengue, superando con creces las víctimas registradas durante todo el 2024 y 2025. Con más de 16.000 contagios infantiles notificados a nivel nacional —el doble de lo reportado en el periodo anterior—, la infancia peruana se ha convertido en la víctima principal de la desidia institucional, la evidente falta de gestión gubernamental y un preocupante abandono estatal que exige respuestas inmediatas.
Esta lamentable tragedia no es fruto de la casualidad ni de un fenómeno inevitable, sino el síntoma directo de un desgobierno crónico y de una alarmante indiferencia por parte de la clase política. En regiones trágicamente afectadas como San Martín y Piura, donde se concentran los picos más dolorosos de mortalidad infantil, las causas profundas van mucho más allá de la mera presencia del mosquito vector. La expansión agresiva del letal serotipo 3 encuentra a un sistema de salud desbordado, desabastecido y estructuralmente incapaz de articular campañas preventivas oportunas y eficaces.
A esta fragilidad se suma la lacerante precariedad de los servicios básicos: en Piura, solo el 15% de la población cuenta con acceso a agua potable las 24 horas del día. Este severo desabastecimiento obliga a miles de familias al almacenamiento informal del recurso, convirtiendo sus propios hogares en criaderos del vector Aedes aegypti por pura necesidad de supervivencia urbana. Mientras la automedicación se extiende peligrosamente ante el colapso hospitalario y la falta de fiscalización en farmacias, la burocracia reacciona con lentitud, retrasando la ampliación de coberturas de vacunación e ignorando las advertencias técnicas para inmunizar a los menores desde los seis años.
El incesante incremento en las muertes infantiles representa una inaceptable falla ética y moral del aparato público. Un Estado que permite que una cuarta parte de los fallecidos por dengue sean niños que no tuvieron acceso a un diagnóstico precoz, a agua potable o a vacunas oportunas, es un Estado que abandona la dignidad humana. Las reuniones protocolares y los comunicados oficialistas no salvan vidas ni devuelven la paz a las familias en duelo.
Reflexión final
Desde La Caja Negra, denunciamos la pasividad oficial y exigimos una reestructuración urgente de la estrategia sanitaria nacional. Ninguna sociedad que aspire a la justicia puede normalizar la muerte de su niñez por enfermedades prevenibles. La protección de nuestros niños debe ser un imperativo moral innegociable frente a la indolencia del poder. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).