El fútbol peruano habita en el subsuelo de su propia historia. Penúltimos en las Clasificatorias al Mundial 2026, clubes eliminados crónicamente en las primeras de cambio de los torneos internacionales y con categorías menores que deambulan en los últimos lugares de los Sudamericanos de la Conmebol. Frente a este panorama de crisis, arbitrajes bajo sospecha e infraestructura en ruinas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha presentado su pretendida balsa de salvación: el Plan de Fortalecimiento de Competiciones 2027–2030. Una reforma de escritorio que, lejos de curar la enfermedad, insiste en maquillar los síntomas.
El eje central del anuncio de Agustín Lozano pasa por la obligatoriedad: el regreso de los 2,200 minutos para la categoría Sub-20 y la imposición dictatorial de mantener a un jugador Sub-23 en cancha durante la Liga 1. El error de enfoque es de una ingenuidad técnica alarmante. Como señalamos anteriormente en este espacio, la FPF confunde otorgar minutos con capacitar al futbolista. Es el absurdo equivalente a matricular a un estudiante directamente en el último ciclo universitario sin haberle enseñado a leer y escribir en la primaria, esperando que la simple asistencia a las aulas compense años de abandono formativo.
Los antecedentes estadísticos en nuestro propio campeonato destrozan el optimismo burocrático de la Videna. Durante las catorce temporadas en las que rigió la Bolsa de Minutos (2008–2022), el resultado fue catastrófico: más del 65% de los juveniles que sumaron minutos por mera imposición reglamentaria desaparecieron del circuito profesional al cumplir la edad límite. Los técnicos, asfixiados por la presión del resultado inmediato, utilizaban los cambios masivos en las últimas cinco fechas del torneo solo para evitar la quita de puntos. El reglamento creó un ecosistema artificial de «debut y despedida», donde los clubes de provincias —incapaces de financiar divisiones menores competitivas— preferían pedir prestados a los descartes juveniles de Lima en lugar de explotar el talento de sus regiones.
Basta mirar a nuestros vecinos para entender el abismo que nos separa de la élite. Según los reportes del CIES Football Observatory, Uruguay lidera Sudamérica alineando de forma orgánica un promedio de 2.34 jugadores sub-23 por partido, mientras que el Perú se arrastra en el último lugar con apenas 0.77. La diferencia estructural es abismal: en Uruguay o Ecuador no necesitan un decreto que multe a los clubes para que los jóvenes jueguen; los chicos saltan a la cancha porque están física, técnica y mentalmente listos para competir a nivel internacional.
Mientras el plan de la FPF propone parches reglamentarios e interviene al final de la cadena de producción, modelos exitosos como el de Independiente del Valle en Ecuador destinan el 25% de su presupuesto anual directamente a la captación temprana (10 u 11 años), nutrición científica, psicología y educación formal en colegios propios. En Ecuador se construyen deportistas de alta competencia; en el Perú de Lozano se fabrican estadísticas para cumplir una cuota dominical. Jugar más partidos no cura el déficit nutricional de un chico en regiones, ni le enseña a perfilarse bajo presión a los 23 años si nadie se lo enseñó a los ocho.
Para colmo de males, el plan pretende blindar al futbolista local reduciendo el cupo de extranjeros en cancha. El resultado de este proteccionismo mediocre será predecible: un mercado interno inflado económicamente donde se pagará de más por jugadores que no están consolidados, reduciendo el nivel de una Liga 1 ya devaluada. Al aislar nuestro torneo de la exigencia internacional, el choque contra la realidad en la Copa Libertadores o en las Eliminatorias seguirá siendo desastroso.
Una selección competitiva requiere futbolistas preparados, no planillas con casilleros de edad rellenados a la fuerza. Si la FPF es incapaz de fiscalizar hoy las licencias de estadios que parecen potreros o de garantizar viáticos dignos para los torneos de menores, carece de toda autoridad moral y técnica para auditar un proyecto a largo plazo. El fútbol peruano no necesita más decretos sancionadores; necesita un Plan Nacional de Desarrollo que descentralice el presupuesto, capacite a formadores certificados y construya infraestructura real desde la infancia. El Plan 2027–2030 no es una reforma; es una coartada política para desviar la mirada de la peor crisis de nuestra historia. La factura, como siempre, la terminará pagando el vestuario. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).