Keiko Fujimori está en deuda con los ciudadanos. Llegó a Palacio ofreciendo preparación para devolverle el orden al país; cien días después, debe explicar la distancia entre aquella seguridad de campaña y los resultados de su gestión. La Presidencia no se evalúa por kilómetros recorridos, ceremonias encabezadas o publicaciones difundidas. Se evalúa por decisiones y servicios que funcionan. La propaganda puede mejorar una imagen; no protege al transportista extorsionado ni tranquiliza a una familia amenazada.
El informe de RPP recoge cuestionamientos del analista Gonzalo Banda sobre nombramientos ministeriales que habrían privilegiado afinidades ideológicas frente a las necesidades de los sectores. También señala que algunas encuestas situaban la aprobación presidencial entre el 35 % y el 40 % durante octubre. El Ejecutivo, entretanto, obtuvo facultades para legislar en 27 de las 66 materias solicitadas.
En seguridad se realizaron capturas, operativos penitenciarios e intervenciones contra organizaciones criminales. Sin embargo, continúan los ataques extorsivos contra el transporte público. Esa coexistencia obliga a distinguir entre una actuación policial valiosa y una estrategia que logra reducir sostenidamente la amenaza. Una lista de intervenciones no responde, por sí sola, si los ciudadanos están mejor protegidos.
¿Dónde está el balance del Plan Escudo? La presidenta debe explicar sus metas, recursos, avances y correcciones. El nombre prometía protección; corresponde demostrar cuánta produjo. Un plan no puede vivir de su lanzamiento ni refugiarse en declaraciones generales cuando llega la hora de evaluarlo.
Los estados de emergencia requieren el mismo examen. ¿Qué objetivos cumplieron? ¿Qué capacidades mejoraron? ¿Qué delitos ayudaron a prevenir? Gobernar mediante medidas excepcionales exige justificar su utilidad. De lo contrario, el anuncio se repite mientras el ciudadano aprende a convivir con aquello que supuestamente iba a ser excepcional.
La visita a Nayib Bukele tampoco salda la deuda. Conocer experiencias puede aportar herramientas, pero ninguna fotografía importa capacidades de investigación ni resuelve la coordinación entre instituciones. Después de ofrecer preparación para gobernar, Keiko debe explicar qué aprendió, qué resulta aplicable y cómo piensa ejecutarlo. El viaje debe rendir resultados, además de imágenes.
Cien días no alcanzan para resolver todos los problemas del Perú. Alcanzan para exigir una dirección reconocible. Invocar la herencia recibida pierde fuerza cuando esa herencia fue precisamente el argumento utilizado para pedir el voto. La dificultad era conocida; la capacidad para enfrentarla fue la promesa.
La Caja Negra exige un balance verificable: compromisos cumplidos, metas pendientes, presupuesto ejecutado y responsables. Los ministros deben responder por su desempeño. Las facultades legislativas deben producir medidas evaluables, no nuevas ceremonias de lanzamiento.
La rendición de cuentas tampoco puede limitarse a seguridad. Salud, educación, obras y prevención de desastres requieren plazos y resultados que la ciudadanía pueda contrastar.
Reflexión final
Keiko está en deuda porque la confianza solicitada exige algo más que presencia pública. Cada anuncio pendiente de ejecución amplía la distancia entre la campaña y el gobierno.
La presidenta debe abandonar la comodidad de explicar cuánto trabaja y demostrar qué está cambiando. El ciudadano no vive dentro de una publicación oficial: vive fuera, donde una promesa de seguridad todavía necesita convertirse en protección. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).