JNE cierra el paso a exalcaldes que buscaban volver por sucesión

La alcaldía no puede convertirse en una puerta giratoria para esquivar la prohibición de reelección inmediata. El JNE estableció que quien ejerció ese cargo en el periodo municipal anterior no podrá recuperarlo en la misma circunscripción mediante sucesión o reemplazo, aunque haya sido elegido primer regidor. El criterio busca impedir que una restricción constitucional termine derrotada por una renuncia, una vacancia o una suspensión. La pregunta es por qué el país tuvo que esperar hasta después de votar para conocer una respuesta de esta magnitud.
La Resolución n.º 4557-2026-JNE distingue dos situaciones: postular como regidor y asumir la alcaldía. La primera no estaba expresamente prohibida para los exalcaldes; la segunda, según la interpretación del organismo, queda impedida cuando supondría ejercer nuevamente el cargo en el periodo inmediato siguiente. Si corresponde una sucesión, debe convocarse al siguiente regidor hábil de la misma lista.

La distinción es esencial. Permitir una candidatura como regidor no equivale automáticamente a autorizar el retorno a la alcaldía. Pero esa explicación debió llegar de forma clara y oportuna a los electores. No basta con que la institución conozca sus argumentos: la ciudadanía necesita entender las consecuencias antes de depositar su voto. Una regla descubierta después de la elección puede ser jurídicamente defendible y, al mismo tiempo, revelar una falla de comunicación institucional.

También corresponde examinar la conducta de los partidos. Si la Constitución prohíbe la reelección inmediata, presentar fórmulas que abren una ruta de retorno al mismo cargo merece, como mínimo, una explicación transparente. La creatividad electoral no debería concentrarse en encontrarle rodeos a la alternancia mientras las regiones y los municipios esperan mejores servicios.

El JNE debe demostrar que aplicará el criterio de manera uniforme, sin importar el tamaño de la localidad ni la influencia del dirigente. En su primera revisión examinó 427 actas y dispuso correcciones en seis casos vinculados con esta situación. Cada decisión debe estar sustentada y ser accesible para la población.

La voluntad popular merece respeto, al igual que los límites constitucionales. Los afectados tienen derecho a conocer los fundamentos y ejercer los recursos que correspondan. El organismo electoral, por su parte, debe resolver con independencia y explicar sus decisiones sin refugiarse en tecnicismos.

Reflexión final
La alternancia democrática no puede depender de la habilidad para cambiar de puesto en una lista. Tampoco debería defenderse mediante explicaciones tardías. Una democracia necesita reglas respetadas por los candidatos y comprensibles para quienes votan. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).