En medio de un proceso electoral cargado de tensión, dudas y reclamos, aparece una noticia que la ONPE no puede tratar como simple detalle administrativo: la empresa encargada de la auditoría informática tenía una sanción previa. Según el reportaje difundido por Cuarto Poder y recogido por RPP, M&T Corporation del Perú SAC, conocida como M&T International, fue sancionada en 2016 con once meses de inhabilitación por el Tribunal del OSCE por haber presentado información inexacta en una contratación con el Estado.
El dato golpea donde más duele: la confianza. M&T International realizó informes vinculados a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados de la ONPE. No se trata de cualquier servicio menor. Hablamos de sistemas sensibles, directamente relacionados con la transparencia del voto y la credibilidad del resultado electoral.
El representante de la empresa reconoció la existencia de la sanción, aunque la calificó como una “injusticia”. Tiene derecho a defenderse. Pero la ONPE tiene una obligación mayor: explicar por qué una compañía con ese antecedente terminó auditando un proceso electoral de alta sensibilidad. En elecciones, no basta con cumplir formalidades; también hay que evitar cualquier sombra razonable sobre la limpieza del proceso.
Más grave aún resulta que la firma haya obtenido el contrato en una cuarta convocatoria, luego de haber sido descalificada inicialmente por no cumplir con un requisito de experiencia del personal. Y, pese a todo ello, se firmó una adenda para extender su participación en la auditoría de la segunda vuelta presidencial. En buen castellano institucional: cuando el país pedía máxima transparencia, la autoridad electoral ofreció una explicación que necesita más explicación.
Aquí no se trata de validar denuncias de fraude ni de alimentar discursos irresponsables. Se trata de exigir estándares más altos a quienes administran la voluntad popular. La ONPE no puede pedir confianza mientras toma decisiones que parecen diseñadas para multiplicar preguntas.
La institución electoral debe rendir cuentas con claridad: cómo contrató a la empresa, qué antecedentes revisó, qué controles aplicó y por qué decidió mantenerla para la segunda vuelta. La democracia no se defiende con comunicados fríos, sino con transparencia activa.
Reflexión final
Una auditoría electoral debería cerrar dudas, no abrir nuevas grietas. Si la empresa llamada a garantizar confianza llega con antecedentes cuestionables, el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Porque en una elección, hasta la apariencia de descuido puede convertirse en una amenaza para la legitimidad democrática. (Foto: Exitosa).