La Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro. El proceso, autorizado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tendrá un plazo de 36 meses y también alcanza a otras siete personas. No es una sentencia, pero sí una señal clara: el poder, tarde o temprano, debe responder ante la justicia.
La investigación se centra en presuntos aportes vinculados a Perú Libre durante 2021 y en la supuesta creación de una cuenta mancomunada para recaudar fondos destinados, entre otros fines, al pago de la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón. Según la imputación fiscal, Boluarte habría tenido participación en esa estructura de recaudación cuando integraba la fórmula presidencial del partido. La gravedad del caso no está solo en el monto discutido, sino en el posible uso de una organización política como vehículo financiero opaco.
Por supuesto, corresponde respetar la presunción de inocencia. Pero también corresponde decir que el país está cansado de ver cómo los partidos se convierten en cajas negras, donde los aportes aparecen, desaparecen o se justifican según convenga. La política peruana ha normalizado demasiadas veces la frase “aportes de militantes” como si fuera una contraseña mágica capaz de borrar toda sospecha.
El caso tiene, además, un componente simbólico. Boluarte gobernó envuelta en múltiples cuestionamientos y ahora enfrenta una investigación formal fuera del blindaje político del cargo. Durante el proceso anterior se rechazó el impedimento de salida del país al considerar que no había peligro de fuga ni elementos suficientes para esa restricción; pero que no exista una medida restrictiva no significa que no deba investigarse a fondo.
La formalización de esta investigación debe ser asumida con seriedad institucional. Ni venganza política ni impunidad elegante. Lo que corresponde es esclarecer si hubo lavado de activos, quiénes participaron, cómo se movieron los fondos y qué rol cumplió cada involucrado.
Reflexión final
El Perú necesita dejar de elegir entre persecución y encubrimiento. La justicia debe actuar con pruebas, plazos y firmeza. Porque cuando una expresidenta entra formalmente al terreno de una investigación por lavado, el mensaje debe ser uno solo: ningún cargo convierte la rendición de cuentas en opcional. (Foto: investiga.pe).