El caso Deportivo Binacional dejó de ser hace tiempo una simple discusión sobre tablas, puntos o descensos. Lo que hoy está en debate es algo mucho más delicado: la peligrosa costumbre de ciertas estructuras del fútbol mundial de actuar como si estuvieran por encima de las constituciones, de los tribunales nacionales y, en algunos casos, hasta del sentido común democrático. El reciente fallo del Tribunal Constitucional peruano, que ordena la reposición de Binacional tras determinar que la Federación Peruana de Fútbol vulneró el debido procedimiento, golpea directamente esa lógica de poder que durante años ha intentado blindarse bajo el discurso de la “autonomía deportiva”.
La reacción de la FPF no sorprendió. Apenas conocida la sentencia, la federación respondió cerrando filas alrededor de un argumento recurrente: que los asuntos deportivos deben resolverse exclusivamente dentro de los órganos de justicia deportiva y el TAS, siguiendo lineamientos FIFA. Traducido al lenguaje político real, el mensaje parece ser otro: el fútbol quiere jueces propios, reglas propias y controles limitados, incluso cuando se afectan derechos fundamentales reconocidos por la Constitución peruana.
El problema no es la existencia del TAS ni la necesidad de una jurisdicción deportiva especializada. El verdadero problema aparece cuando ciertas dirigencias convierten esa autonomía en una especie de muralla de inmunidad institucional. Y ahí es donde el caso Binacional adquiere enorme relevancia. El Tribunal Constitucional no discutió alineaciones indebidas, tácticas o arbitrajes; discutió derechos. Determinó que hubo vulneración al debido procedimiento. Y en cualquier Estado constitucional moderno, ningún reglamento privado puede colocarse por encima de ese principio.
La postura del doctor Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva Peruana de Fútbol, resulta especialmente importante porque aborda el conflicto desde una mirada jurídica y no emocional. Romero coincide con diversos juristas peruanos en que el debate no puede simplificarse bajo la amenaza permanente de la FIFA. El fútbol profesional no puede transformarse en un espacio donde las garantías constitucionales queden suspendidas apenas se cruza la puerta de una federación.
Y aquí aparece el aspecto más inquietante del modelo FIFA: su histórica resistencia a cualquier intervención de la justicia ordinaria, incluso cuando existen indicios de vulneraciones de derechos. El antecedente más parecido al caso Binacional ocurrió en Portugal con el denominado “Caso Gil Vicente” en 2006. El club portugués acudió a tribunales civiles tras ser descendido administrativamente por la alineación indebida de un jugador. Los tribunales lusos fallaron a favor del club y ordenaron su permanencia.
La respuesta de la FIFA fue brutalmente reveladora. Lejos de priorizar una solución jurídica equilibrada, amenazó a Portugal con suspender a todas sus selecciones y clubes de competiciones internacionales si la federación acataba la decisión judicial. La advertencia no era menor: significaba aislar al fútbol portugués del sistema mundial simplemente porque un tribunal soberano decidió intervenir frente a una controversia donde estaban en discusión derechos y procedimientos.
Ese episodio dejó una fotografía incómoda del poder FIFA: una organización privada con sede en Suiza capaz de ejercer presión política y deportiva sobre Estados soberanos cuando sus tribunales nacionales interfieren en decisiones internas del fútbol. El desenlace terminó siendo un acuerdo político-deportivo años después, con Gil Vicente aceptando competir en segunda división mientras la federación prometía su retorno futuro a primera para evitar una guerra abierta con la FIFA.
La lección es incómoda, pero evidente: muchas veces el sistema futbolístico internacional no prioriza la justicia; prioriza la preservación del modelo de control federativo.
Italia también vivió algo similar en el escándalo Calciopoli. Cuando Juventus amenazó con acudir a tribunales ordinarios tras su descenso a Serie B, la FIFA reaccionó nuevamente con advertencias severas contra la Federación Italiana. El mensaje fue claro: quien se atreva a sacar el fútbol del circuito cerrado del TAS y las federaciones se expone a represalias internacionales.
En el Perú ya existe además un antecedente reciente que demuestra que el problema no es corregir injusticias deportivas, sino quién las corrige. En el caso Alianza Lima, el TAS reordenó la tabla y permitió la permanencia blanquiazul tras cuestionar sanciones aplicadas a Carlos Stein. Allí la FPF acató inmediatamente porque el correctivo llegó desde el circuito autorizado por FIFA. Con Binacional ocurre algo distinto: quien corrige es el Tribunal Constitucional peruano, y eso parece intolerable para ciertos sectores dirigenciales.
Ese doble estándar resulta imposible de ignorar. Cuando el TAS modifica tablas, el sistema lo llama “justicia deportiva”. Cuando lo hace un tribunal constitucional argumentando vulneración de derechos fundamentales, entonces se habla de “injerencia”. El problema no parece ser la alteración de campeonatos; el problema es quién tiene el poder de alterar las decisiones de las federaciones.
La FPF insiste en que el mérito deportivo debe prevalecer. Pero esa defensa pierde fuerza cuando justamente el Tribunal Constitucional sostiene que las reglas no fueron aplicadas respetando garantías mínimas de procedimiento. Porque el mérito deportivo también depende de procesos transparentes, previsibles y legalmente correctos. Sin debido procedimiento, el discurso del mérito termina convertido en una frase decorativa.
El caso Binacional también desnuda otro problema estructural del fútbol peruano: la debilidad institucional y la percepción permanente de arbitrariedad. Reglamentos ambiguos, sanciones discutidas y resoluciones contradictorias han erosionado gravemente la confianza en las autoridades deportivas. En ese contexto, la reacción defensiva de la FPF parece más orientada a proteger su autoridad que a revisar críticamente sus propios errores.
La editorial no propone destruir la autonomía deportiva. Pero sí cuestiona la peligrosa tendencia de algunas federaciones y de la propia FIFA a comportarse como sistemas cerrados donde la Constitución solo parece válida mientras no incomode al poder dirigencial. Ninguna organización privada debería escandalizarse porque un tribunal constitucional revise posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Porque al final, el debate de fondo es simple y profundamente democrático: ¿puede una federación deportiva actuar sin control constitucional cuando sus decisiones afectan derechos? El Tribunal Constitucional peruano ha respondido que no. Y esa respuesta incomoda precisamente porque rompe una tradición histórica de impunidad administrativa dentro del fútbol.
El caso Binacional no solo enfrenta a un club con la FPF. En realidad, enfrenta dos modelos de poder: uno que entiende al fútbol como un territorio autónomo casi intocable, y otro que sostiene que incluso las federaciones deportivas deben responder ante la Constitución y el debido proceso. La verdadera discusión no es deportiva. Es institucional. Y también moral. (Foto: lacajanegra.blog).