¿Binacional jugará en la Liga1 por jurisprudencia internacional?

El caso Binacional ya no es solo una disputa por una plaza en la Liga1. Es un choque frontal entre dos poderes: el poder constitucional de un Estado soberano y el poder deportivo de una estructura internacional que, muchas veces, actúa como si sus reglamentos fueran una Constitución paralela. La pregunta es inevitable: ¿podría Binacional volver a primera división por jurisprudencia internacional? La respuesta no es automática, pero el precedente del club Gil Vicente en Portugal abre una ruta incómoda para la FPF y también para la FIFA.

La Federación Peruana de Fútbol pretende presentar el fallo del Tribunal Constitucional como una amenaza externa al fútbol. Pero el problema no nació en el TC. Nació en la propia incapacidad federativa para administrar con rigor el caso Sport Boys, la quita de puntos y sus efectos sobre la tabla. Cuando una federación no resuelve bien, no sanciona con claridad y permite que sus errores contaminen el campeonato, no puede luego envolverse en la bandera FIFA para lavarse las manos.

El caso Gil Vicente, ocurrido en Portugal en 2006, es el espejo más revelador. El club fue descendido administrativamente por la alineación indebida del jugador Mateus. Acudió a tribunales civiles, que fallaron a su favor. La FIFA respondió con su mecanismo habitual: presión y amenaza. Advirtió a la Federación Portuguesa que podía suspender a selecciones y clubes si acataba el mandato judicial. Es decir, cuando la justicia ordinaria tocó la puerta del fútbol, la FIFA no abrió el expediente con humildad; levantó el garrote institucional.

Sin embargo, la justicia ordinaria portuguesa dejó un precedente histórico. Los tribunales civiles demostraron que, ante las leyes de un Estado soberano, los reglamentos de una asociación privada radicada en Suiza no son intocables. El Tribunal Supremo Administrativo de Portugal estableció una idea poderosa: ningún ciudadano ni institución civil puede ser privado de su derecho constitucional de acudir a la justicia ordinaria si considera que sus derechos fueron vulnerados.

El desenlace fue político-deportivo. El club Gil Vicente compitió en segunda, pero la federación se comprometió a integrarlo de vuelta a primera en 2011 tras retirar las demandas, evitando la desafiliación. ¿Quién triunfó de verdad? Gil Vicente, pero pagando un costo altísimo: años fuera del lugar que reclamaba como legítimo. Demostró que el fútbol organizado también se equivoca, que sus comisiones de justicia pueden cometer ilegalidades y que una federación puede terminar obligada a restituir e indemnizar.

Esa es la gran lección para Binacional. El fútbol tiene dos relojes. El primero es el reloj deportivo, inmediato, donde manda la FIFA. Si Binacional fuerza su ingreso a Primera únicamente con el fallo del Tribunal Constitucional, sin una salida pactada con la FPF o sin validación del TAS, la federación probablemente preferirá cerrarle la puerta antes que arriesgar una sanción internacional contra la Selección Peruana.

El segundo es el reloj constitucional, más lento, pero más profundo. Si Binacional sostiene su camino judicial y el TC ratifica que se vulneró el debido proceso, el club puneño podría forzar el próximo año una reintegración administrativa directa y abrir la puerta a una demanda millonaria contra la FPF por daños, perjuicios y lucro cesante.

La FPF debería mirar a Portugal antes de hablar con tanta soberbia. La FIFA puede congelar el mapa deportivo de un club, pero no puede borrar para siempre una vulneración constitucional. Y esa es la paradoja del fútbol moderno: se puede tener la razón legal ante la Constitución de un país, pero quedar atrapado por años en el congelador político de la FIFA.

Binacional no tiene una ruta sencilla. Sin embargo, la jurisprudencia internacional demuestra que la justicia ordinaria sí puede torcerle el brazo al poder deportivo. La pregunta no es solo si Binacional volverá a la Liga 1. La pregunta de fondo es cuánto le costará a la FPF haber administrado tan mal un conflicto que pudo resolver antes de convertirlo en una crisis institucional. (Foto: lacajanegra.blog).