En teoría, los impuestos financian servicios públicos, infraestructura y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en el Perú ha surgido una nueva forma de tributación que no figura en ninguna ley, carece de aprobación del Congreso y no aparece en ningún presupuesto nacional. Se trata de la extorsión, un mecanismo criminal que obliga a miles de ciudadanos a entregar parte de sus ingresos para conservar algo tan básico como su derecho a trabajar.
Lo que comenzó como una amenaza focalizada contra determinados sectores económicos ha evolucionado hasta convertirse en una de las expresiones más preocupantes de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Hoy, comerciantes, transportistas, emprendedores, profesionales independientes y pequeñas empresas viven bajo la presión constante de organizaciones criminales que han encontrado en el miedo una fuente permanente de financiamiento.
La extorsión se ha transformado en un verdadero impuesto criminal. Su lógica es rudimentaria y brutal: pagar para trabajar, pagar para vender, pagar para transportar pasajeros o pagar para evitar represalias. Quien se resiste enfrenta amenazas, ataques contra su patrimonio o riesgos contra su integridad física.
El problema no solo revela la capacidad de expansión de las organizaciones criminales. También expone las debilidades del Estado para garantizar seguridad, proteger a los ciudadanos y ejercer autoridad efectiva en diversos territorios. Allí donde el Estado pierde presencia, el crimen encuentra oportunidades para ocupar espacios de poder.
La situación adquiere una dimensión aún más preocupante cuando la sociedad empieza a normalizar el problema. Escuchar que un negocio paga «cupos» para operar o que una empresa destina recursos para enfrentar amenazas ya no genera el impacto que debería provocar. La costumbre puede ser uno de los mayores aliados de la delincuencia.
Resulta imposible ignorar, además, la responsabilidad de una clase política que durante años ha colocado la inseguridad en el centro de sus discursos sin lograr respuestas sostenibles. Los ciudadanos observan promesas recurrentes, anuncios de emergencia y declaraciones de firmeza, mientras las cifras de criminalidad continúan alimentando la percepción de vulnerabilidad.
La extorsión también golpea la economía. Desincentiva la inversión, empuja a muchos negocios hacia la informalidad, reduce oportunidades de empleo y deteriora la confianza necesaria para el crecimiento. Ningún país puede aspirar al desarrollo cuando parte de su aparato productivo trabaja bajo amenaza.
La extorsión ha dejado de ser un problema policial para convertirse en un desafío nacional que compromete la gobernabilidad, la economía y la confianza ciudadana. Su expansión evidencia que la lucha contra el crimen organizado requiere mucho más que operativos aislados o respuestas coyunturales.
Reflexión final
Toda democracia se sostiene sobre un principio fundamental: que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin temor. Cuando miles de peruanos deben pagar a organizaciones criminales para trabajar, emprender o simplemente sobrevivir, la sociedad enfrenta una señal de alarma que no puede ser ignorada. El nuevo impuesto criminal del Perú no se cobra en ventanillas ni se deposita en cuentas del Estado. Se recauda a través del miedo. Y mientras siga creciendo, cada avance económico o institucional será tan frágil como la seguridad que hoy muchos peruanos sienten que han perdido. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).