La segunda vuelta electoral ha colocado al Perú en una situación tan delicada como inédita. La estrecha diferencia entre los candidatos ha convertido el conteo de votos en una larga travesía de incertidumbre que mantiene en vilo a millones de ciudadanos. La espera desespera, sí, pero lo verdaderamente preocupante no es el tiempo que demora conocer al ganador, sino cómo algunos actores políticos buscan aprovechar esa incertidumbre para sembrar dudas, alimentar sospechas y tensar aún más a un país que ya llega profundamente dividido.
La democracia tiene tiempos que no siempre coinciden con la ansiedad ciudadana. Cuando la diferencia entre dos candidatos se encuentra dentro del margen estadístico más estrecho, cada acta cuenta y cada voto adquiere un valor decisivo. En ese escenario, la prudencia debería convertirse en la principal virtud de quienes aspiran a gobernar el país.
Sin embargo, mientras los organismos electorales continúan realizando su trabajo, desde ambos sectores políticos se han impulsado narrativas destinadas a fortalecer expectativas de triunfo. Unos celebran antes de tiempo apoyándose en proyecciones favorables; otros buscan convencer a sus seguidores de que una remontada aún es posible. Ambas estrategias son parte de la disputa política, pero cruzan una línea peligrosa cuando pretenden instalar la idea de que solo existe legitimidad si el resultado coincide con sus aspiraciones.
El problema no radica en esperar. El problema surge cuando la espera es utilizada para erosionar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral. La ONPE viene publicando los resultados de manera progresiva y el Jurado Nacional de Elecciones ha explicado los plazos necesarios para resolver observaciones y controversias. Cuestionar preventivamente el proceso sin evidencias sólidas no fortalece la democracia; la debilita.
Más grave aún resulta la facilidad con la que algunos sectores recurren a discursos de fraude cada vez que el resultado les es adverso. Esa práctica no solo afecta al candidato vencedor, sino que golpea directamente la credibilidad del sistema democrático. Si cada elección termina siendo cuestionada por quien pierde, el país entra en una peligrosa dinámica donde la voluntad popular queda permanentemente bajo sospecha.
Mientras la clase política libra su batalla por el poder, millones de peruanos siguen esperando respuestas a problemas mucho más urgentes: inseguridad, desempleo, pobreza, corrupción y servicios públicos deficientes.
La espera desespera porque el país necesita certezas. Pero ninguna certeza será legítima si nace de la presión política o de la desinformación. Los resultados deben surgir de las urnas y de las instituciones encargadas de administrarlas.
Reflexión final
La verdadera prueba de esta segunda vuelta no es quién gana la Presidencia. La verdadera prueba consiste en demostrar si los líderes políticos son capaces de respetar las reglas cuando el resultado no les favorece. Porque una democracia fuerte no se mide por la rapidez del conteo, sino por la madurez con la que una sociedad acepta la decisión de sus ciudadanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).