¿Vacancia para presidentes y privilegios para congresistas?

En el Perú existe una extraña interpretación de la igualdad. Cuando un presidente acumula cuestionamientos, investigaciones o pierde respaldo político, la vacancia aparece rápidamente como una alternativa. Pero cuando las controversias alcanzan a integrantes del Congreso, el debate suele ser distinto. Las exigencias cambian, los criterios se vuelven más flexibles y las consecuencias parecen avanzar a una velocidad mucho menor.

La pregunta es simple y profundamente incómoda: si quienes ocupan Palacio de Gobierno pueden ser removidos por afectar la confianza pública, ¿por qué quienes ocupan una curul parecen estar protegidos por una muralla política mucho más resistente?

El Congreso suele presentarse como el gran vigilante de la República. Fiscaliza, investiga, acusa, interpela y exige responsabilidades a todas las instituciones del Estado. Esa función es necesaria en cualquier democracia. Lo preocupante es cuando la exigencia parece funcionar únicamente hacia afuera y no hacia adentro.

Durante años, la ciudadanía ha observado cómo diversos parlamentarios enfrentan denuncias, investigaciones, cuestionamientos éticos, conflictos de interés o conductas incompatibles con la función pública sin que ello genere mecanismos de control político comparables a los que el propio Congreso reclama para otros poderes del Estado.

El mensaje que recibe el ciudadano es devastador: existe una vara para juzgar a los demás y otra para juzgarse a sí mismos.

Mientras millones de peruanos deben responder diariamente por sus actos en sus centros de trabajo, negocios o profesiones, algunos representantes políticos parecen desenvolverse bajo una lógica distinta, donde la responsabilidad se relativiza, las sanciones se diluyen y la indignación ciudadana termina chocando contra los muros de la burocracia parlamentaria.

Lo más grave no es únicamente la conducta de algunos legisladores. Lo más grave es la sensación de impunidad que se instala cuando una institución exige estándares morales a todo el país, pero parece resistirse a someterse a esos mismos estándares.

Una democracia no se debilita solamente por la corrupción o los abusos de poder. También se deteriora cuando los ciudadanos perciben que existen castas políticas protegidas por privilegios que no están al alcance del resto de la sociedad.

Si la incapacidad moral puede ser utilizada para evaluar la permanencia de un presidente, resulta legítimo discutir mecanismos similares para congresistas que traicionen la confianza pública, comprometan la dignidad del cargo o vulneren principios fundamentales de la ética pública.

La representación popular no puede convertirse en un refugio frente a la rendición de cuentas. El poder político debe estar acompañado de responsabilidad política. Y esa responsabilidad debe alcanzar a todos sin excepción.

Reflexión final
Quizá el problema no sea la vacancia presidencial. Quizá el verdadero problema sea que el Perú ha normalizado una política donde algunos representantes exigen sacrificios, transparencia y conducta ejemplar a los demás, mientras consideran excesivo que esas mismas exigencias se apliquen sobre ellos. Una democracia sana no necesita ciudadanos sometidos y políticos protegidos. Necesita exactamente lo contrario: autoridades sometidas al mismo rigor, la misma ley y la misma responsabilidad que reclaman para los demás. Porque cuando el control solo apunta hacia afuera, deja de ser fiscalización y comienza a parecer privilegio. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).