Cuando una elección llega a su etapa final, lo que más necesita un país es certeza. Sin embargo, el pedido de Juntos por el Perú para anular 647 mesas de votación en Estados Unidos y otras 1,751 mesas en territorio nacional vuelve a colocar al sistema electoral peruano en el centro de una controversia que trasciende a los candidatos y pone a prueba la credibilidad de las instituciones democráticas.
Las acusaciones son graves. Se habla de presuntas orientaciones de voto por parte de funcionarios, irregularidades en el traslado del material electoral y patrones estadísticos que, según los denunciantes, merecen una investigación exhaustiva. Pero también es cierto que las denuncias, por sí solas, no constituyen pruebas definitivas.
La democracia no puede sostenerse sobre sospechas permanentes ni sobre la negación automática de cualquier cuestionamiento. Ambos extremos son peligrosos. Si existen indicios razonables de irregularidades, las autoridades electorales tienen la obligación de investigarlos con rigurosidad y transparencia. Pero si las acusaciones carecen de sustento suficiente, corresponde descartarlas con la misma firmeza.
Lo preocupante es que el Perú parece haber normalizado una práctica recurrente: aceptar los resultados cuando favorecen a un sector y cuestionarlos cuando benefician al adversario. Esta conducta erosiona progresivamente la confianza ciudadana y convierte cada elección en una disputa interminable donde la derrota rara vez es reconocida y la victoria siempre aparece bajo sospecha.
La controversia resulta aún más delicada porque involucra el voto de miles de peruanos en el extranjero. Los ciudadanos que acudieron a las urnas en Estados Unidos ejercieron un derecho legítimo que merece ser protegido. Cualquier decisión que afecte esos votos debe estar respaldada por pruebas sólidas y no únicamente por interpretaciones políticas o estadísticas.
La verdadera fortaleza de un sistema electoral no consiste en evitar reclamos, sino en tener instituciones capaces de resolverlos con independencia. La ONPE, el JNE y los organismos involucrados enfrentan una responsabilidad histórica: demostrar que la transparencia no es un discurso, sino una práctica verificable.
En un contexto de polarización, la peor decisión sería actuar con apresuramiento o con criterios políticos. La legitimidad del próximo gobierno dependerá, en gran medida, de que cada voto válido sea respetado y cada denuncia sea investigada.
Las solicitudes de nulidad presentadas deben ser evaluadas con estricto apego a la ley. Ni la presión política ni las emociones electorales pueden reemplazar a las pruebas y al debido proceso.
Reflexión final
Las democracias no se debilitan por las denuncias; se debilitan cuando las dudas no se aclaran. Si hubo irregularidades, deben sancionarse. Si no las hubo, debe decirse con absoluta claridad. Porque cuando la confianza en el voto se resquebraja, lo que entra en crisis no es una candidatura, sino la propia democracia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).