Las elecciones terminan en las urnas, pero los verdaderos desafíos comienzan al día siguiente. Los resultados de la segunda vuelta han dejado una fotografía política que debería preocupar a cualquier futuro gobernante: un país dividido, una victoria ajustada, regiones enfrentadas por preferencias electorales distintas y una ciudadanía que observa el futuro con más incertidumbre que entusiasmo.
Sea Keiko Fujimori o Roberto Sánchez quien asuma la Presidencia el próximo 28 de julio, la principal herencia que recibirá no será el despacho presidencial. Será un Perú fragmentado, desconfiado y cansado de una política que durante años ha demostrado una extraordinaria capacidad para dividir y una preocupante dificultad para unir.
La democracia tiene una paradoja. Una elección puede producir un ganador legítimo y, al mismo tiempo, dejar a millones de ciudadanos sintiéndose derrotados. Eso parece estar ocurriendo nuevamente.
Por tercera elección consecutiva, el Perú enfrenta una segunda vuelta definida por apenas unos miles de votos. No estamos ante una victoria contundente ni ante un mandato político sólido. Estamos frente a una sociedad partida en dos grandes bloques que observan el futuro desde perspectivas completamente distintas.
Los datos son reveladores. Mientras Roberto Sánchez obtuvo amplios respaldos en buena parte del interior del país, Keiko Fujimori consolidó fortalezas en Lima, la costa y algunas regiones específicas. El resultado no solo refleja preferencias electorales. Refleja diferencias económicas, sociales, culturales y territoriales que la política peruana no ha logrado resolver durante décadas.
Allí aparece el primer gran riesgo para quien llegue a Palacio de Gobierno: confundir una victoria electoral con un cheque en blanco.
El próximo presidente tendrá la obligación de gobernar también para quienes votaron en su contra. Y esa tarea será particularmente difícil en un país donde la desconfianza hacia la clase política ha alcanzado niveles preocupantes.
La historia reciente tampoco ayuda. Presidentes vacados, congresos enfrentados con el Ejecutivo, protestas sociales, crisis institucionales y una creciente sensación de abandono han debilitado la credibilidad de las instituciones democráticas. Hoy, el desafío ya no consiste únicamente en gobernar. Consiste en recuperar la confianza perdida.
Y como si ello no fuera suficiente, el próximo mandatario deberá enfrentar delincuencia, extorsión, informalidad, corrupción, desaceleración económica y un Congreso que, aunque suele encontrar consensos para determinados temas, también ha demostrado una enorme capacidad para generar confrontación política. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).
La primera prueba del próximo presidente no será económica ni administrativa. Será política. Deberá demostrar que puede gobernar un país profundamente dividido sin convertir esa división en una herramienta de poder.
Reflexión final
Quizá el mayor peligro para el próximo gobierno no provenga de la oposición ni de las protestas. Quizá provenga de la tentación de ignorar a la mitad del país que no lo respaldó. Las urnas otorgan legitimidad para gobernar, pero no garantizan confianza, estabilidad ni unidad nacional.
El Perú no necesita un presidente para un sector del país. Necesita un presidente capaz de comprender que una victoria por pocos votos no es una autorización para imponer, sino una obligación para dialogar. Porque cuando la política insiste en profundizar las divisiones, la democracia termina pagando una factura que siempre resulta más cara que cualquier elección. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).