El Congreso de la República ha aprobado en segunda votación una norma que establece que determinados delitos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones sean conocidos exclusivamente por la jurisdicción militar-policial. La iniciativa fue respaldada por 52 votos y ahora queda pendiente de la decisión del Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Más allá del debate jurídico, esta decisión ha abierto una profunda discusión sobre el equilibrio entre la protección de quienes cumplen funciones de seguridad y la necesidad de preservar la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la confianza ciudadana en las instituciones.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplen una labor indispensable para el Estado democrático. Miles de efectivos arriesgan diariamente su integridad enfrentando al crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, el terrorismo y la delincuencia común. Su trabajo merece reconocimiento, mejores condiciones laborales y respaldo institucional.
Sin embargo, ese reconocimiento no puede interpretarse como una renuncia al principio de responsabilidad cuando existen indicios de la comisión de delitos comunes. Precisamente porque las instituciones uniformadas cumplen una función esencial para la democracia, los mecanismos de control y rendición de cuentas fortalecen su legitimidad ante la ciudadanía.
La nueva norma ha generado cuestionamientos desde diversos sectores académicos, constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y actores políticos, quienes sostienen que podría producir conflictos con el principio de igualdad ante la ley y con la independencia de la jurisdicción ordinaria. También recuerdan que la delimitación entre delitos de función y delitos comunes ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en distintos momentos.
El debate adquiere mayor relevancia en un contexto donde el país enfrenta una grave crisis de seguridad ciudadana. Combatir la criminalidad exige instituciones fuertes, pero también reglas claras que otorguen confianza tanto a los efectivos policiales como a los ciudadanos.
La preocupación no radica únicamente en el contenido de una norma específica, sino en la percepción creciente de que diversas reformas aprobadas por el Congreso durante los últimos años han sido interpretadas por amplios sectores como modificaciones que reducen controles institucionales o generan mayores espacios de controversia jurídica.
Desde La Caja Negra consideramos que ninguna democracia sólida puede sostenerse si existen dudas sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia.
Respaldar el trabajo de policías y militares resulta indispensable para enfrentar la delincuencia. Pero ese respaldo no debe confundirse con la reducción de los mecanismos de control cuando se investigan presuntos delitos comunes.
La fortaleza institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se construye mediante profesionalismo, transparencia y respeto irrestricto al Estado de derecho.
La aprobación de esta ley obliga al país a abrir un debate jurídico e institucional de gran trascendencia. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que garantice protección a quienes cumplen funciones de seguridad sin afectar los principios fundamentales que sustentan el sistema democrático.
Reflexión final
El verdadero Estado de derecho no distingue entre ciudadanos por el uniforme que visten ni por el cargo que ocupan. La legitimidad de las instituciones se fortalece cuando las reglas son claras, los controles funcionan y la justicia actúa con independencia. El Perú necesita fuerzas del orden robustas y respetadas, pero también un sistema judicial que preserve la confianza de todos los ciudadanos. Porque la seguridad y la justicia no deben entenderse como objetivos contrapuestos, sino como pilares inseparables de una democracia sólida. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).