Machu Picchu no solo es el principal destino turístico del Perú; es también el mayor símbolo de nuestra identidad y una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias. Por eso resulta alarmante que el interés internacional por visitar la ciudadela inca haya caído un 20%, no por falta de atractivo ni por problemas de seguridad, sino por deficiencias en su administración. Cuando el patrimonio más importante del país comienza a perder competitividad por decisiones burocráticas, el problema deja de ser turístico y se convierte en un fracaso de gestión pública.
La advertencia de la Cámara de Comercio del Cusco debería encender todas las alarmas del Estado. Agencias internacionales están retirando a Machu Picchu de sus paquetes turísticos porque no pueden garantizar a sus clientes la compra anticipada de entradas. En un mercado global donde los viajes se planifican con meses de anticipación, la incertidumbre equivale a perder turistas.
La cifra es preocupante: el propio Mincetur reconoce una reducción del 20% en el interés de operadores y visitantes internacionales. Mientras destinos como Río de Janeiro, Santiago, Bogotá o Galápagos ya recuperaron e incluso superaron sus niveles previos a la pandemia, Cusco apenas alcanzaría este año el 83% de los visitantes que recibió en 2019. Es decir, el principal destino turístico del Perú sigue sin recuperar el terreno perdido.
Lo más grave es que esta situación no responde a un desastre natural ni a una crisis internacional. Responde a problemas que el propio Estado puede corregir. La falta de predictibilidad en la venta de boletos, la ausencia de una gobernanza moderna y las constantes decisiones improvisadas han terminado afectando la imagen de un destino que durante décadas fue sinónimo de excelencia turística.
Resulta difícil comprender cómo un país que posee una de las siete maravillas del mundo moderno no ha logrado implementar un sistema eficiente, transparente y tecnológicamente confiable para administrar el ingreso de visitantes. La burocracia ha terminado convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo económico de toda una región.
Mientras miles de familias cusqueñas dependen del turismo para sostener sus ingresos, las decisiones sobre aforos, circuitos y venta de entradas continúan generando incertidumbre entre operadores nacionales e internacionales. Cada turista que decide cambiar Machu Picchu por otro destino representa empleo perdido, menor inversión y menos oportunidades para el país.
El verdadero riesgo no es perder visitantes durante una temporada. El verdadero riesgo es perder prestigio internacional. Recuperar la confianza de los mercados turísticos puede tomar años, mientras destruirla solo requiere una administración ineficiente.
Reflexión final
Machu Picchu no necesita campañas publicitarias más costosas. Necesita una gestión moderna, profesional y coordinada entre las instituciones responsables del turismo y la cultura. El Perú no puede permitirse que su principal patrimonio mundial pierda visitantes por culpa de la improvisación administrativa. Cuando el Estado falla en administrar su mayor atractivo turístico, no solo pierde el Cusco; pierde todo el país. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).