Las elecciones presidenciales deberían cerrar una etapa de incertidumbre y abrir otra de estabilidad. En el Perú ocurre exactamente lo contrario. Cada proceso electoral termina convertido en un largo capítulo de impugnaciones, apelaciones, sospechas, discursos de fraude, demoras institucionales y una ciudadanía obligada a esperar semanas para conocer oficialmente quién gobernará el país. La democracia no puede seguir funcionando bajo esta lógica sin pagar un alto costo en legitimidad.
Las elecciones de 2026 vuelven a dejar una lección preocupante. No solo evidenciaron una profunda polarización política, sino también las limitaciones de un sistema electoral que continúa mostrando dificultades para ofrecer respuestas oportunas frente a procesos altamente competitivos.
La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones cumplieron funciones previstas por la ley. Sin embargo, el resultado institucional deja preguntas inevitables. ¿Cómo es posible que un país que ha invertido durante años importantes recursos públicos en modernizar sus organismos electorales continúe resolviendo una elección presidencial con tanta lentitud? ¿Por qué cada proceso termina atrapado entre recursos legales, observaciones y una incertidumbre que desgasta la confianza ciudadana?
Mientras otros países de la región anuncian resultados definitivos en pocos días, el Perú permanece durante semanas inmerso en una batalla jurídica y política. Esa demora tiene consecuencias concretas: alimenta la desinformación, profundiza la confrontación, genera incertidumbre económica y erosiona la credibilidad de las instituciones llamadas precisamente a garantizar la transparencia electoral.
La responsabilidad tampoco recae únicamente en las autoridades electorales. Los propios actores políticos han contribuido a deteriorar la confianza pública. Cada elección parece convertirse en una disputa donde algunos candidatos aceptan las reglas cuando los resultados les favorecen y las cuestionan cuando el escrutinio les resulta adverso. La judicialización permanente de los comicios termina trasladando la confrontación de las urnas a los tribunales electorales.
La democracia no puede depender indefinidamente de procesos interminables ni de campañas que concluyen mucho después de cerradas las mesas de votación. Un sistema electoral moderno debe garantizar transparencia, pero también eficiencia, previsibilidad y tiempos razonables. La legitimidad no solo se construye con elecciones limpias; también con instituciones capaces de responder con oportunidad.
El Perú necesita mucho más que cerrar oficialmente un proceso electoral. Necesita emprender una reforma integral del sistema político y electoral que fortalezca la confianza ciudadana, simplifique procedimientos, incorpore mayor innovación tecnológica y reduzca los tiempos sin afectar las garantías del debido proceso.
Reflexión final
La democracia se debilita cuando las instituciones tardan demasiado en ofrecer certezas y cuando los actores políticos convierten cada elección en una disputa interminable. El país ya no puede normalizar procesos electorales que prolongan la incertidumbre durante semanas. Las urnas expresan la voluntad popular en un solo día; el Estado tiene la obligación de responder con la misma eficiencia. Porque una democracia fuerte no solo protege cada voto: también protege la confianza de quienes lo depositaron. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).