Hubo un tiempo en que el crimen organizado intentaba escapar del Estado. Hoy, en vastas zonas del Perú, ocurre exactamente lo contrario: es el Estado el que parece retroceder frente al avance de las organizaciones criminales.
La extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un sistema de recaudación ilegal. El sicariato pasó de ser un hecho excepcional a ocupar diariamente los titulares. La minería ilegal controla territorios completos, el narcotráfico fortalece sus redes de financiamiento y la trata de personas continúa expandiéndose bajo la mirada impotente de las autoridades.
La pregunta ya no es si el crimen organizado representa una amenaza para el Estado. La verdadera preocupación es hasta qué punto está comenzando a sustituir funciones que únicamente le corresponden al Estado.
Cuando un comerciante paga una extorsión para poder abrir su negocio; cuando un transportista debe entregar dinero para continuar trabajando; cuando comunidades enteras conviven con economías ilegales que imponen sus propias reglas; cuando el miedo obliga a modificar horarios, cerrar empresas o abandonar actividades económicas. La autoridad deja de estar en manos del Estado.
Las organizaciones criminales no solo buscan obtener dinero. Buscan controlar territorios, imponer decisiones, intimidar a la población y construir estructuras permanentes de poder.
El Perú lleva varios años respondiendo a esta crisis mediante estados de emergencia, operativos policiales, anuncios gubernamentales y cambios frecuentes de ministros del Interior. Sin embargo, los resultados continúan siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
Mientras tanto, las economías ilegales siguen creciendo. La minería ilegal destruye ecosistemas, financia redes criminales y desplaza la presencia estatal en diversas regiones. El narcotráfico continúa fortaleciendo corredores logísticos y estructuras financieras. La tala ilegal, el contrabando, el tráfico de tierras y la trata de personas consolidan mercados clandestinos que movilizan millones de soles cada año.
Estas actividades no prosperan únicamente por la acción de los delincuentes. Prosperan cuando encuentran instituciones débiles, corrupción, escasa presencia estatal y sistemas de control insuficientes.
La consecuencia es devastadora. Miles de ciudadanos han dejado de confiar en que el Estado pueda protegerlos. Muchos microempresarios consideran el pago de extorsiones como un costo más de hacer negocios. Familias enteras viven bajo amenazas permanentes mientras el miedo modifica su vida cotidiana.
Ninguna democracia puede aceptar como normal que los ciudadanos deban negociar su seguridad con organizaciones criminales.
Desde La Caja Negra consideramos que el Perú enfrenta una crisis de autoridad sin precedentes en las últimas décadas.
El crimen organizado ya no opera únicamente desde la clandestinidad. En determinados espacios actúa con capacidad económica, logística y territorial suficiente para desafiar permanentemente la acción estatal y condicionar la vida de miles de peruanos.
La respuesta no puede limitarse a declarar estados de emergencia sucesivos ni a incrementar las penas. El país necesita una verdadera política nacional de seguridad, con inteligencia criminal, investigación financiera, tecnología, fortalecimiento policial, reforma penitenciaria, control fronterizo y coordinación permanente entre todas las instituciones del Estado.
Combatir organizaciones criminales exige mucho más que operativos. Exige planificación, liderazgo y continuidad. La principal obligación del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Cuando esa función comienza a deteriorarse, también se debilitan la economía, la inversión, la convivencia democrática y la confianza pública.
El avance del crimen organizado constituye hoy uno de los mayores desafíos para la estabilidad institucional del Perú.
Reflexión final
La historia demuestra que los Estados no desaparecen de un día para otro. Comienzan a perder autoridad cuando otros actores ocupan el espacio que ellos abandonan. Cada comerciante extorsionado, cada barrio controlado por mafias, cada carretera dominada por economías ilegales y cada ciudadano que deja de confiar en la protección del Estado representan una advertencia. El Perú aún está a tiempo de recuperar el control. Pero para lograrlo necesita dejar atrás las respuestas improvisadas y construir una estrategia nacional capaz de enfrentar al crimen con la misma organización, inteligencia y determinación con la que hoy operan las mafias. Porque cuando la criminalidad comienza a reemplazar al Estado, ya no está en riesgo únicamente la seguridad ciudadana. Está en juego la propia democracia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).