La mayor amenaza que enfrenta hoy el Perú ya no proviene únicamente de la crisis política o de la desaceleración económica. Proviene del progresivo debilitamiento de la autoridad del Estado frente al crecimiento del crimen organizado. En amplias zonas del país, las organizaciones criminales han dejado de actuar desde las sombras para ejercer un poder que antes era exclusivo de las instituciones públicas. Allí donde debería imponerse la ley, hoy predominan el miedo, la extorsión y la violencia.
El problema ya no consiste únicamente en combatir delincuentes. El verdadero desafío es recuperar territorios donde el Estado ha perdido presencia, capacidad de respuesta y, en algunos casos, legitimidad frente a la población.
La criminalidad organizada ha evolucionado con una velocidad que supera ampliamente la capacidad de reacción del Estado. Las mafias ya no operan únicamente mediante delitos aislados; administran economías ilegales, financian estructuras permanentes, capturan territorios, infiltran instituciones y establecen mecanismos de control social basados en la violencia.
La extorsión se ha convertido en un impuesto criminal que miles de comerciantes, transportistas, empresarios y pequeños emprendedores pagan diariamente para poder trabajar. El sicariato dejó de ser un hecho excepcional para convertirse en una práctica frecuente utilizada para resolver disputas entre organizaciones criminales o sembrar terror entre quienes se niegan a pagar cupos.
A ello se suma la expansión de la minería ilegal, que destruye ecosistemas, financia redes delictivas y desplaza la presencia estatal en diversas regiones del país. El narcotráfico continúa fortaleciendo corredores logísticos, mientras la tala ilegal, el tráfico de tierras, el contrabando y la trata de personas consolidan economías clandestinas que generan millones de dólares fuera de cualquier control estatal.
Lo más preocupante es que estas organizaciones ya no solo desafían al Estado: comienzan a reemplazarlo.
En algunas localidades, las mafias imponen horarios de funcionamiento, controlan actividades económicas, cobran «protección», resuelven conflictos mediante la intimidación e incluso condicionan decisiones de autoridades locales. Cuando una organización criminal decide quién puede trabajar, invertir o permanecer en determinado territorio, el monopolio legítimo de la autoridad deja de pertenecer al Estado.
Durante los últimos años, la respuesta oficial ha consistido principalmente en declarar estados de emergencia, cambiar ministros del Interior, realizar operativos de alto impacto mediático y anunciar planes que rara vez logran continuidad. Sin embargo, la violencia continúa creciendo y la percepción de inseguridad alcanza niveles históricos.
Ello demuestra una realidad incuestionable: el Perú sigue enfrentando el crimen con medidas reactivas mientras las organizaciones criminales actúan con planificación, inteligencia financiera, tecnología y presencia territorial.
Desde La Caja Negra consideramos que el país atraviesa una de las crisis de autoridad más graves de su historia reciente.
No existe desarrollo posible cuando el Estado pierde el control de parte de su territorio. Tampoco puede hablarse de crecimiento económico cuando miles de empresarios trabajan bajo amenaza permanente o cuando comunidades enteras conviven con organizaciones criminales que sustituyen funciones propias de las instituciones públicas.
El Perú necesita una verdadera Política Nacional de Seguridad que trascienda los periodos gubernamentales. Se requiere fortalecer la inteligencia policial, modernizar la investigación criminal, combatir el lavado de activos, recuperar el control penitenciario, reforzar el sistema judicial y golpear las estructuras financieras que sostienen a las mafias. Sin planificación estratégica, liderazgo político y coordinación entre todas las instituciones del Estado, cualquier esfuerzo seguirá siendo insuficiente.
Recuperar la autoridad del Estado constituye hoy una prioridad nacional. Cada territorio capturado por el crimen organizado representa una derrota para la democracia, la economía y el Estado de derecho.
El próximo gobierno tendrá la obligación histórica de revertir una tendencia que amenaza con consolidar espacios donde la ley deja de ser la principal autoridad.
Reflexión final
Los Estados no desaparecen únicamente cuando colapsan sus instituciones. También comienzan a perderse cuando otros poderes ocupan los espacios que abandonan. Cada comerciante extorsionado, cada transportista asesinado, cada comunidad dominada por economías ilegales y cada ciudadano que deja de confiar en la protección estatal representan una señal de alarma. El Perú todavía está a tiempo de recuperar su autoridad, pero esa tarea exige mucho más que discursos o estados de emergencia. Exige decisión política, instituciones sólidas y una estrategia nacional capaz de devolverle al Estado el control del territorio y a los ciudadanos la confianza en que la ley volverá a imponerse sobre el miedo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).