El nuevo Congreso iniciará funciones con una responsabilidad que trasciende la aprobación de nuevas leyes. Su principal desafío será reconstruir la credibilidad de una institución que, durante los últimos cinco años, llegó a registrar algunos de los niveles más bajos de aprobación ciudadana de la historia democrática del Perú. Más que recibir un Parlamento, heredará una institución profundamente cuestionada por sus decisiones, por la calidad de parte de su producción legislativa y por una creciente desconexión con las verdaderas necesidades del país.
La tarea será monumental. No bastará con cambiar de congresistas. Recuperar la legitimidad perdida será indispensable y demostrar que el Congreso puede volver a ser un espacio de representación nacional y no un escenario permanente de confrontación, intereses particulares y decisiones alejadas del bien común.
El Parlamento que concluye funciones deja un legado ampliamente debatido por la opinión pública. Durante su gestión se aprobaron diversas normas que generaron cuestionamientos de especialistas, constitucionalistas, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Varias de ellas se interpretaron como reformas que alteraban el equilibrio institucional del Estado, debilitaban herramientas para enfrentar el crimen organizado, reducían los contrapesos democráticos o abrían espacios de controversia sobre la independencia de la justicia.
La historia difícilmente absolverá al Congreso que concluye su mandato. Para un amplio sector de la ciudadanía, será recordado como el peor Congreso de la historia reciente del Perú. No únicamente por registrar una de las aprobaciones más bajas desde el retorno de la democracia, sino por la acumulación de escándalos, denuncias contra algunos de sus integrantes, casos de «mochasueldos», investigaciones fiscales, transfuguismo, alianzas políticas de conveniencia, blindajes, enfrentamientos permanentes entre bancadas y una agenda legislativa que, en numerosos momentos, pareció alejarse de las verdaderas prioridades nacionales. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas, terminó profundizando la desconfianza de millones de peruanos hacia el Parlamento.
A ello se sumaron los constantes cambios de bancada que transformaron la representación política en una sucesión de acuerdos coyunturales. Muchas agrupaciones perdieron su identidad ideológica para convertirse en coaliciones construidas alrededor de intereses inmediatos, debilitando la estabilidad parlamentaria y la confianza ciudadana.
Mientras tanto, el Perú enfrentaba problemas mucho más urgentes.
La inseguridad ciudadana alcanzó niveles sin precedentes. La extorsión y el sicariato golpearon diariamente a miles de familias, comerciantes, transportistas y modestos empresarios. La minería ilegal continuó expandiéndose sobre extensas zonas del territorio nacional, destruyendo ecosistemas y financiando organizaciones criminales. El narcotráfico fortaleció sus redes logísticas y económicas. Hospitales siguieron funcionando con enormes limitaciones, la educación pública acumuló nuevas brechas, millones de ciudadanos continuaron sin acceso adecuado a servicios básicos y la salud mental permaneció relegada dentro de las políticas públicas.
Sin embargo, una significativa parte del debate parlamentario estuvo concentrado en reformas políticas, constitucionales y legales que numerosos sectores consideraron alejadas de las prioridades inmediatas del país. Varias leyes fueron ampliamente cuestionadas por especialistas debido a sus posibles efectos sobre la lucha contra el crimen organizado, la independencia de las instituciones y el equilibrio de poderes.
La consecuencia más grave no fue únicamente el desgaste político. Fue el deterioro progresivo de la confianza ciudadana en el Congreso como institución democrática.
Cuando los ciudadanos dejan de creer en quienes elaboran las leyes, también comienza a debilitarse la legitimidad del propio sistema democrático. Ningún país puede aspirar a construir estabilidad cuando uno de sus principales poderes del Estado pierde progresivamente la confianza de quienes representa.
Por ello, el nuevo Parlamento recibe mucho más que un conjunto de proyectos pendientes. Recibe la obligación histórica de recuperar el prestigio de una institución cuya imagen quedó seriamente afectada durante el último quinquenio.
Desde La Caja Negra consideramos que el próximo Congreso no puede limitarse a inaugurar una nueva legislatura. Debe iniciar un verdadero proceso de reconstrucción institucional.
Ello implica revisar las normas más controvertidas aprobadas durante los últimos años, fortalecer los mecanismos de transparencia, recuperar el rigor técnico en la elaboración de leyes, reforzar la fiscalización, promover la meritocracia en el trabajo parlamentario y restablecer una relación de confianza con la ciudadanía.
El Parlamento necesita volver a legislar pensando en el país y no en las coyunturas políticas. El Perú demanda un Congreso que priorice la lucha contra el crimen organizado, la reactivación económica, la modernización del Estado, la mejora de la salud y la educación, la recuperación de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
La representación política no puede seguir siendo sinónimo de confrontación permanente. Debe convertirse nuevamente en un espacio de diálogo, responsabilidad y construcción de consensos que permitan afrontar los enormes desafíos nacionales.
El próximo Congreso tendrá la oportunidad de marcar una diferencia histórica. Puede convertirse en el Parlamento que comenzó a recuperar la institucionalidad perdida o repetir los errores que profundizaron la crisis de representación durante los últimos años.
La decisión definirá el camino de la democracia peruana durante la próxima década.
Reflexión final
Las instituciones no recuperan su prestigio únicamente porque cambian sus integrantes. Lo recuperan cuando cambian sus prioridades, sus prácticas y su compromiso con el interés público. El Perú necesita un Congreso que legisle para resolver los problemas reales de los ciudadanos y no para responder a intereses particulares o coyunturas políticas. Si el Parlamento que inicia funciones aprende de los errores de su antecesor, tendrá la oportunidad de reconstruir la confianza perdida. Si insiste en recorrer el mismo camino, el deterioro institucional continuará profundizándose. La democracia peruana no necesita simplemente un nuevo Congreso; necesita un Congreso que demuestre, con hechos y no con discursos, que es posible gobernar con ética, transparencia, responsabilidad y auténtico compromiso con el país. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).