En Condorcanqui, cerca de la frontera con Ecuador, más de mil menores han sido víctimas de violencia entre 2024 y julio de 2026. La mayoría son niñas y adolescentes de las comunidades awajún y wampis. Detrás de cada cifra hay una historia de miedo, dolor, silencio y desprotección. Pero también hay una responsabilidad política que no puede seguir diluyéndose entre oficinas, informes y promesas: la del Estado peruano, que conoce esta tragedia desde hace años y continúa respondiendo con una lentitud incompatible con la gravedad del problema.
Los registros revelan una escalada alarmante: 370 casos en 2024, 558 en 2025 y 250 solo entre enero y mayo de 2026. Para julio, el acumulado llegó a 1.253 denuncias. Más de ocho de cada diez víctimas fueron mujeres y alrededor de siete de cada diez casos fueron clasificados como de riesgo severo.
La situación es todavía más indignante porque la violencia afecta principalmente a población indígena. En numerosos casos, las víctimas no dominan el castellano, desconocen las rutas de denuncia y viven en comunidades alejadas donde no existen comisarías, fiscalías, centros médicos ni personal especializado. A veces, llegar a una autoridad puede tomar dos o tres días de viaje por río. Cuando llueve, ni siquiera eso está garantizado.
Denunciar, entonces, no es ejercer un derecho: es enfrentar una misión casi imposible. Y cuando finalmente una víctima logra llegar al sistema, puede encontrarse con funcionarios sin intérpretes, procedimientos revictimizantes y una justicia distante tanto geográfica como culturalmente.
Los agresores, además, no siempre son desconocidos. Las denuncias señalan a familiares, parejas, funcionarios, civiles e incluso miembros de instituciones armadas. Esto confirma que el peligro no se limita al ámbito doméstico: también puede esconderse detrás de uniformes, cargos y relaciones de poder.
El Estado no puede seguir tratando esta crisis como un problema local. Se necesitan fiscalías itinerantes, comisarías permanentes, centros de salud equipados, intérpretes awajún y wampis, transporte de emergencia, refugios para víctimas, educación preventiva y sanciones efectivas para quienes encubran o retrasen las investigaciones.
No basta con contabilizar casos. Cada cifra representa una vida marcada por una violencia que pudo prevenirse o atenderse a tiempo. La ausencia institucional no es neutral: beneficia al agresor y condena a la víctima al abandono.
Reflexión final
Una república que no protege a sus niñas indígenas pierde toda autoridad moral para hablar de igualdad, justicia o derechos humanos. La frontera no puede seguir siendo el lugar donde termina el mapa del Estado y comienza la impunidad. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).