Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deberían permitir que la ciudadanía elija a personas capaces de administrar recursos públicos, proteger derechos y representar con integridad a sus comunidades. Sin embargo, el proceso electoral vuelve a mostrar una contradicción preocupante: condenados por violación sexual, extorsión y corrupción pretenden convertirse en alcaldes, regidores y gobernadores regionales.
Una investigación basada en las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones identificó a 1 747 postulantes que declararon al menos una condena penal. En conjunto, acumulan 2 283 sentencias. Entre los casos más graves figuran once candidatos condenados por violación sexual y cinco por extorsión. También aparecen condenas vinculadas con peculado, malversación de fondos y tráfico de influencias.
La discusión no puede reducirse a afirmar que algunos postulantes ya cumplieron sus condenas o fueron jurídicamente rehabilitados. La rehabilitación permite recuperar derechos, pero no obliga a la sociedad a entregar confianza política. Gobernar no es un beneficio automático después de cumplir una pena; es una responsabilidad que exige idoneidad, transparencia y autoridad moral.
Resulta especialmente grave que la mayor cantidad de candidaturas con antecedentes se concentre en municipios distritales. Allí se administran presupuestos, programas sociales, seguridad ciudadana, licencias y servicios básicos. Es decir, se entrega poder directo sobre la vida cotidiana de miles de vecinos.
Los partidos políticos tampoco pueden presentarse como simples espectadores. Son ellos quienes seleccionan candidatos, entregan símbolos y organizan listas. Cuando admiten postulantes condenados por delitos graves, deben explicar qué criterios utilizaron y por qué consideran que esas personas merecen representar a la ciudadanía. El silencio partidario no es neutralidad: es una forma de evadir responsabilidad.
El sistema electoral también muestra debilidades. La verificación de antecedentes no debería depender únicamente de la declaración del candidato ni realizarse cuando la inscripción ya está avanzada. El JNE, el Poder Judicial y el Ministerio Público deben contar con un cruce automático de información que permita detectar impedimentos antes de admitir candidaturas.
La ley debe proteger la rehabilitación, pero también el interés público. Los delitos de violación sexual, extorsión y corrupción no pueden convertirse en simples notas al pie dentro de una hoja de vida electoral.
Reflexión final
Una sentencia cumplida puede cerrar una deuda penal, pero no borrar la memoria colectiva ni garantizar aptitud para gobernar. La democracia no debe convertirse en una puerta de retorno al poder para quienes vulneraron derechos, utilizaron la violencia o dañaron al Estado. El voto ciudadano merece opciones confiables, no candidaturas que obliguen a elegir entre antecedentes penales y promesas electorales. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).