¿Sabía usted que seis partidos políticos con representación en el nuevo Congreso bicameral recibirán, entre 2026 y 2031, más de S/222 millones de dinero público? Sí: dinero que sale del Estado, es decir, de los impuestos de todos. La cifra casi triplica los aproximadamente S/77,9 millones del periodo anterior.
La explicación legal existe: con el retorno del Senado y la Cámara de Diputados, la fórmula suma los votos emitidos para ambas cámaras. Pero que algo tenga una explicación normativa no significa que deje de ser políticamente incómodo.
Porque el país tiene derecho a preguntar algo elemental: ¿qué justifica que los partidos reciban más dinero cuando la calidad de la política no muestra una mejora equivalente?
La ONPE distribuirá esos fondos entre Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación-AN. El 40 % se entregará en partes iguales y el 60 % según los votos obtenidos.
La ley permite que hasta la mitad se utilice en gastos ordinarios: personal, alquileres, servicios y adquisición de bienes. El resto debe financiar formación, capacitación, investigación y difusión de propuestas.
En teoría, suena impecable.
En la práctica, la ciudadanía conoce otra historia: partidos que aparecen con intensidad electoral, organizaciones con escasa vida institucional, candidatos improvisados, bancadas que se fragmentan, transfuguismo, débil formación política y estructuras que muchas veces parecen más eficaces para conseguir inscripción, curules y recursos que para construir verdaderos proyectos nacionales.
Ahí está la contradicción.
Mientras hospitales reclaman medicamentos, comisarías trabajan con limitaciones, colegios siguen con brechas básicas y gobiernos locales exigen presupuesto para infraestructura, la política ha encontrado una fórmula que prácticamente triplica sus propios recursos.
No se trata de afirmar que todo financiamiento público partidario sea incorrecto. Puede servir para reducir la dependencia de grandes aportantes privados y fortalecer instituciones democráticas. Pero S/222 millones no pueden convertirse en un cheque de confianza entregado por adelantado.
Desde La Caja Negra sostenemos que cada sol debe quedar expuesto al escrutinio ciudadano. La ONPE anuncia auditorías mensuales y controles reforzados. Bien. Pero no basta con que el auditor sepa dónde terminó el dinero. También debe saberlo quien lo financia.
Cada alquiler, contratación, curso, consultoría, investigación y compra debería publicarse de manera comprensible, con resultados verificables. Si un partido recibe millones para “formación”, debe demostrar quién fue formado, en qué, por quién y para qué sirvió.
El problema no es solo que los partidos reciban más de S/222 millones. El problema es que la política peruana pretende cobrar como una institución moderna mientras demasiadas veces funciona como una estructura precaria.
Reflexión final
Durante las elecciones, los partidos piden el voto. Después, reciben también dinero público. Perfecto. Entonces corresponde exigirles algo más que discursos: resultados, transparencia y calidad política.
Porque si en 2031 los S/222 millones se agotaron, los partidos cobraron y la política sigue igual, el ciudadano habrá aprendido una lección muy cara: en el Perú, hasta la decepción democrática puede financiarse con presupuesto público. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).