El Perú no necesita otro nombre para la misma improvisación. Necesita un Plan Nacional Integral contra la Criminalidad, articulado, técnico, financiado y con metas verificables. Sin embargo, el Gobierno de Keiko Fujimori parece repetir una fórmula demasiado conocida: operativos, anuncios, despliegues y estados de emergencia rebautizados, pero sin una estrategia nacional capaz de integrar prevención, inteligencia, justicia, seguridad, finanzas, tecnología y control territorial.
El llamado Plan Escudo corre el riesgo de convertirse precisamente en eso: un escudo político frente a la crítica, no necesariamente frente al delincuente.
Según la información proporcionada, durante los primeros veinte días de gobierno se han registrado más de 106 muertes vinculadas a la delincuencia. El dato, si se confirma en esos términos, no admite retórica ni ceremonias. Exige una respuesta extraordinaria. Porque cuando la violencia cobra varias vidas cada día, el problema deja de ser una sucesión de hechos policiales y pasa a convertirse en una crisis nacional de gobernabilidad.
Y la criminalidad ya cambió de escala. La extorsión que antes golpeaba principalmente a mototaxistas, taxistas y transporte urbano ahora estaría escalando hacia empresas interprovinciales. El ataque armado contra una empresa como Cruz del Sur marca una señal inquietante: las organizaciones criminales amplían objetivos, territorios y capacidad operativa. Hoy son buses interprovinciales; mañana podrían ser terminales, operadores logísticos, puertos, aeropuertos o cualquier sector suficientemente rentable para ser sometido al pago de cupos.
Eso es lo grave: el delito ya no solo roba. Pretende administrar miedo, territorio y economía. Este martes, el paro anunciado por transportistas debería ser interpretado por el Gobierno como algo más que una protesta gremial. Es un jalón de orejas político. Los ciudadanos ya no quieren comunicados después de cada asesinato ni conferencias posteriores a cada atentado. Quieren saber quién dirige la estrategia, cuáles son las metas, qué instituciones participan, qué presupuesto existe y en cuánto tiempo deben verse resultados.
Keiko Fujimori debería convocar a una verdadera Mesa Nacional de Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado. No una reunión fotográfica, sino una instancia operativa con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, UIF, bancos, telecomunicaciones, transportistas, empresarios, gobiernos regionales, municipios, aduanas, migraciones y especialistas nacionales e internacionales.
El crimen organizado funciona como una red. El Estado continúa respondiendo de forma demasiado fragmentada.
También corresponde revisar con urgencia las normas cuestionadas por debilitar la persecución del crimen organizado. Si el fujimorismo respaldó leyes que hoy son señaladas por especialistas y operadores de justicia como obstáculos para combatir estructuras criminales, el Gobierno tiene la obligación política de rectificar. Corregir una mala norma no es retroceder. Es impedir que el error siga costando vidas.
La cooperación internacional también debe pasar del discurso a la acción. Ecuador ha buscado apoyo externo para enfrentar el narcotráfico y organizaciones transnacionales. El Perú debería hacer lo mismo con inteligencia, tecnología, control financiero, rastreo de armas, vigilancia fronteriza y combate al lavado de activos. Mientras las bandas intercambian métodos, contactos y dinero entre países, nuestras instituciones no pueden seguir trabajando como compartimentos cerrados.
Y existe otra amenaza: Madre de Dios. Minería ilegal, organizaciones armadas, tráfico de armas, lavado de activos y bandas extranjeras forman una combinación explosiva. Si a ello se suma la presencia de estructuras criminales que migran desde Ecuador o se expanden desde otros territorios, el Perú corre el riesgo de convertirse en una plataforma regional del delito.
Desde La Caja Negra sostenemos que la seguridad ciudadana ya no puede ser tratada como una suma de operativos aislados. Debe asumirse como una política de Estado.
El Gobierno necesita estrategia, mando, inteligencia, tecnología, logística, presupuesto y evaluación permanente. También necesita humildad política. Reciclar a los mismos funcionarios que llevan años administrando la inseguridad difícilmente producirá resultados diferentes.
La presidenta debe convocar a especialistas capaces de diseñar una política moderna de seguridad, incluidos expertos extranjeros con experiencia en combate al crimen organizado, extorsión, narcotráfico y control territorial.
Keiko Fujimori todavía está a tiempo de evitar el mismo fracaso de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar. Pero deberá abandonar la política del paliativo y construir una estrategia nacional de verdad.
Reflexión final
Un país no derrota al crimen cambiando el nombre de sus operativos. Lo derrota con inteligencia, coordinación, presupuesto, justicia eficaz, control financiero y presencia territorial.
Si el Gobierno continúa administrando asesinatos en lugar de prevenirlos, el Plan Escudo terminará protegiendo únicamente una cosa: la apariencia de que el Estado está haciendo algo mientras la criminalidad sigue ganando terreno. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).