El Gobierno de Keiko Fujimori propone para 2027 un Presupuesto Público de S/266.506 millones, 3,5 % superior al presupuesto inicial de 2026. A primera vista, la cifra transmite expansión. Sin embargo, al revisar la distribución, aparece una contradicción difícil de justificar: mientras el presupuesto total crece, salud, orden público y seguridad, saneamiento, vivienda y trabajo empezarían el próximo año con menos recursos. El Estado presume de una torta más colosal, pero reduce justamente algunas de las porciones que más necesita la ciudadanía.
Salud pasaría de S/32.888 millones a S/32.208 millones, una reducción aproximada de S/680 millones. Orden público y seguridad bajaría de S/15.858 millones a S/15.338 millones, unos S/520 millones menos. Saneamiento caería de S/6.323 millones a S/4.422 millones, una disminución superior a S/1.900 millones. Vivienda y desarrollo urbano también retrocedería, al igual que Trabajo.
No estamos hablando de sectores decorativos. Estamos hablando de hospitales, policías, agua, vivienda y empleo. Es decir, de servicios que cualquier ciudadano reconoce como esenciales mucho antes de escuchar discursos sobre eficiencia presupuestal.
Es cierto que el presupuesto inicial puede modificarse durante el año mediante transferencias, créditos suplementarios y otras operaciones. Pero ese argumento técnico no elimina el mensaje político: la propuesta presupuestal muestra dónde decide comenzar el Gobierno.
Y allí surge la pregunta incómoda. ¿Cómo se reduce la seguridad cuando la delincuencia y la extorsión siguen marcando la agenda nacional? ¿Cómo se resta presupuesto inicial a salud cuando hospitales y establecimientos públicos mantienen brechas conocidas? ¿Cómo se recorta saneamiento cuando todavía existen hogares sin acceso adecuado al agua y desagüe?
Mientras estas funciones retroceden, Transportes aumentaría en alrededor de S/3.689 millones y Planeamiento, gestión y reserva de contingencia subiría de S/30.080 millones a S/36.997 millones. Defensa y seguridad nacional también reciben una asignación mayor.
Nada de eso significa que esos sectores no requieran recursos. Significa que un presupuesto obliga a revelar prioridades, y esas prioridades deben explicarse frente a la realidad del país.
Desde La Caja Negra sostenemos que el Gobierno de Keiko Fujimori debe justificar con precisión por qué propone un presupuesto globalmente mayor mientras reduce las asignaciones iniciales de servicios tan sensibles.
No basta decir que el Estado gastará más. Hay que explicar en qué, para quién y con qué resultados.
Un presupuesto público no puede convertirse en una competencia de cifras gigantes. Si el ciudadano sigue esperando una cita médica, teme subir a un bus por la inseguridad o carece de servicios básicos, poco consuelo encontrará en saber que el presupuesto nacional rompió otro récord.
El Congreso tendrá la responsabilidad de revisar esta distribución sin transformar el debate en una negociación de cuotas políticas y partidas territoriales. También deberá respetar las restricciones fiscales y exigir eficiencia, porque gastar más no a menudo significa gobernar mejor.
Reflexión final
Fujimori propone más dinero para el Estado, pero menos recursos iniciales para salud, seguridad y saneamiento. Esa contradicción merece una explicación pública seria.
Porque cuando un presupuesto crece y lo esencial disminuye, la pregunta deja de ser cuánto dinero tiene el Gobierno. La pregunta es qué considera realmente prioritario. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).