La inseguridad en el Perú dejó hace tiempo de ser una suma de delitos aislados. Lo ocurrido en Trujillo, con secuestros vinculados presuntamente a disputas entre organizaciones asociadas a la minería ilegal, revela algo más grave: el crimen organizado está ampliando territorio, recursos, armamento y capacidad operativa mientras el Estado insiste en responder con explicaciones, deslindes y operativos posteriores. El Gobierno de Keiko Fujimori ya no puede seguir tratando cada ataque como una excepción. El problema es estructural y está fuera de control.
Cuando bandas criminales pueden secuestrar, movilizar hombres armados, ejecutar represalias y operar alrededor de zonas mineras estratégicas, estamos frente a organizaciones que han dejado de comportarse como delincuencia común. Se parecen cada vez más a estructuras empresariales del crimen: tienen logística, financiamiento, inteligencia territorial y capacidad para disputar economías ilegales.
La minería ilegal aparece nuevamente en el centro del problema. No como actividad periférica, sino como fuente de dinero, violencia y expansión criminal. Y aquí surge una pregunta incómoda para el poder político: ¿cuántas normas aprobadas en los últimos años han debilitado la persecución penal, facilitado la informalidad o creado espacios que terminan beneficiando a estas estructuras?
El Gobierno intenta deslindar responsabilidades, pero no puede desentenderse de un escenario que ya administra. Si la Policía, además, reconoce que existían alertas previas sobre un posible secuestro, corresponde explicar por qué no se actuó con eficacia antes de que ocurriera el ataque.
La crisis también obliga a revisar el liderazgo policial. Si las alertas no se convierten en prevención, si la inteligencia no evita ataques y si la ciudadanía pierde confianza, entonces no basta con cambiar patrullajes. Hace falta revisar mandos, estrategias y responsabilidades.
Keiko Fujimori necesita dejar de responder a la criminalidad como si fuera una colección de emergencias separadas. Se requiere una política nacional contra el crimen organizado que articule Policía, Fiscalía, Poder Judicial, inteligencia financiera, control de armas, minería ilegal y persecución patrimonial.
Reflexión final
La delincuencia avanza porque encuentra dinero, territorio y debilidad institucional. Si el Estado sigue llegando después del secuestro, después del asesinato y después del atentado, seguirá perdiendo la iniciativa. Y un gobierno que solo explica por qué ocurrió el delito termina confesando, sin querer, que ya no sabe cómo impedirlo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).