A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, el Reniec ha tenido que aprobar una medida excepcional para que más de 1.7 millones de ciudadanos con DNI vencido puedan sufragar. La decisión es correcta porque protege el derecho al voto, pero el dato que la origina debería provocar bastante menos celebración y mucha más preocupación. Que semejante cantidad de peruanos llegue a una elección con su principal documento de identidad vencido revela una gestión pública que vuelve a reaccionar cuando el problema ya está instalado.
El Reniec ha precisado que el DNI caducado será válido únicamente para votar. Para cualquier otro trámite, seguirá siendo considerado vencido. La paradoja es evidente: el documento no sirve para buena parte de las gestiones cotidianas, pero sí será aceptado cuando llega el momento de acudir a las urnas. La excepción es necesaria, pero también demuestra que el sistema tuvo que improvisar una salida para evitar que una deficiencia administrativa terminara afectando un derecho político fundamental.
La situación se vuelve todavía más incómoda cuando se conoce que existen alrededor de 600 mil DNI ya impresos que aún no han sido recogidos. Mientras cientos de miles de documentos esperan almacenados, más de un millón de ciudadanos llegan al proceso electoral con identificaciones vencidas. Naturalmente, existe responsabilidad individual, porque cada persona debe mantener actualizados sus documentos. Sin embargo, sería demasiado cómodo descargar todo el problema sobre el ciudadano y absolver al Estado de cualquier examen crítico.
También corresponde preguntar qué tan eficaces fueron las campañas de información, qué facilidades existieron para renovar documentos, cuántos obstáculos enfrentaron quienes viven lejos de las agencias y por qué los horarios ampliados aparecen precisamente cuando septiembre ya está encima. Nuevamente, la administración pública parece descubrir la urgencia cuando el calendario electoral empieza a presionar. Reniec ha anunciado atención extraordinaria incluso sábados y domingos, pero la eficiencia no debería comenzar cuando el problema ya requiere medidas extraordinarias.
Según la propia institución, la mayor cantidad de DNI vencidos corresponde a ciudadanos entre 18 y 36 años. Además, alrededor de 106 mil mayores de edad todavía cuentan con DNI amarillo. No estamos frente a casos aislados, sino ante cifras suficientemente grandes como para exigir una evaluación seria de cómo funciona la política nacional de identificación.
Permitir el voto con DNI vencido evita que 1.7 millones de personas queden expuestas a dificultades para ejercer su derecho. Esa parte merece respaldo. Lo que no merece aplausos es haber llegado nuevamente a una situación donde una excepción debe corregir lo que una gestión anticipada pudo evitar.
La reflexión final es inevitable: un Estado eficiente no debería acordarse de la vigencia documental de sus ciudadanos únicamente cuando necesita garantizar que lleguen a votar. Si hay 1.7 millones de DNI vencidos, 600 mil documentos sin recoger y horarios extraordinarios a semanas de las elecciones, el problema no es solo el DNI. Es esa vieja costumbre institucional de administrar emergencias en lugar de prevenirlas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).