La banca vuelve a tocar la puerta del poder político. Esta vez no lo hace para ofrecer créditos más baratos, reducir comisiones o mejorar las condiciones de sus clientes. Lo hace para impulsar la derogación de la Ley 31143, norma que protege a los usuarios frente a tasas de interés excesivas y cobros sin suficiente control. En términos sencillos: busca recuperar el terreno que perdió cuando se establecieron límites para evitar posibles abusos financieros.
La maniobra merece atención por su forma y por su fondo. El Gobierno de Keiko Fujimori incluyó la derogación de esta ley dentro de un pedido de facultades legislativas presentado para enfrentar la criminalidad organizada y los efectos del fenómeno El Niño. El país esperaba medidas contra el sicariato, la extorsión y los desastres naturales, pero entre esas urgencias apareció una inesperada preocupación oficial: liberar las tasas que pueden cobrar las entidades financieras.
¿Desde cuándo eliminar límites a los intereses forma parte de la lucha contra la delincuencia? ¿Qué relación existe entre prevenir inundaciones y ampliar la libertad de cobro de los bancos? La respuesta parece evidente: ninguna. Las emergencias nacionales estarían siendo utilizadas como envoltura política para introducir una reforma favorable al sistema financiero y reducir el debate público.
La Ley 31143 no prohíbe que los bancos obtengan ganancias ni impide el funcionamiento del mercado. Establece que el Banco Central de Reserva determine tasas máximas para determinados créditos de consumo y para las micro Blackjack y medianas empresas. También exige control sobre nuevas comisiones y penalidades. Son condiciones básicas dentro de una relación desigual: el banco redacta el contrato, fija las reglas y calcula los cobros, mientras el usuario, muchas veces presionado por una necesidad, solo puede aceptar o quedarse sin financiamiento.
Derogar estos límites tendría consecuencias sobre millones de personas endeudadas. Según la información publicada, cerca de nueve millones de peruanos mantienen obligaciones en el sistema financiero. Allí se encuentran trabajadores, familias y pequeños empresarios que solicitan préstamos para estudiar, atender una enfermedad, sostener un negocio o cubrir gastos indispensables. Para ellos, unos puntos adicionales de interés no representan una cifra en una hoja de cálculo: pueden significar meses o años de endeudamiento.
Los defensores de la derogación hablan de inclusión financiera. Sostienen que eliminar los topes permitirá incorporar a más ciudadanos al sistema y alejarlos de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. El argumento resulta conveniente, pero incompleto. La exclusión también responde al trabajo informal, la falta de ingresos acreditables y los criterios de evaluación crediticia. Quitar límites no resuelve esos problemas; simplemente permite cobrar más a quienes presentan mayor necesidad y menor capacidad de negociación.
También debe cuestionarse la posición del fujimorismo. Si el Gobierno de Keiko Fujimori considera que esta derogación beneficia a los ciudadanos, debe presentar estudios independientes, cifras verificables y un proyecto específico. Esconderla dentro de facultades solicitadas para combatir la delincuencia despierta dudas legítimas sobre sus verdaderos beneficiarios. La urgencia no puede convertirse en coartada para legislar a favor de grupos con suficiente poder para defenderse solos.
El Congreso no debe entregar un cheque en blanco. Su responsabilidad es debatir, fiscalizar y determinar si la propuesta protege al consumidor o fortalece todavía más a quienes controlan el crédito.
Keiko Fujimori debe proteger a los ciudadanos y no dejarlos indefensos ante quienes calculan sus ganancias sobre la necesidad ajena. Cuando su gobierno pretende retirar los límites contra posibles abusos financieros, deja de actuar en defensa del interés público y comienza a jugar con la camiseta del más poderoso. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).