Abrir una bodega, una peluquería o un restaurante en el Perú ya no implica solamente competir, pagar impuestos y superar interminables trámites. También significa exponerse a llamadas intimidatorias, amenazas y cobros criminales. Según un estudio de Ipsos para ComexPerú, el 52 % de las microempresas identifica a la delincuencia, la extorsión y la inseguridad ciudadana como su principal barrera para desarrollarse. Uno de cada dos pequeños negocios trabaja con el miedo sentado frente a la caja.
La cifra revela algo más grave que una crisis policial: evidencia la pérdida de autoridad del Estado en calles donde el crimen comienza a imponer sus propias reglas.
Las microempresas son particularmente vulnerables porque funcionan de cara al público, manejan ingresos diarios y carecen de recursos suficientes para contratar seguridad privada. Restaurantes, bodegas, talleres y peluquerías se convierten así en objetivos visibles para organizaciones que amenazan, cobran cupos y atacan cuando no reciben dinero.
El problema también alcanza al 53 % de las pequeñas y medianas empresas y al 66 % de las grandes compañías. Sin embargo, para una microempresa, pagar una extorsión puede representar la diferencia entre continuar trabajando, cerrar definitivamente o abandonar el lugar donde operaba.
A esta amenaza se suman la burocracia, la corrupción de funcionarios, la presión tributaria y la competencia informal. El diagnóstico de ComexPerú resulta demoledor: muchas microempresas administrarían tres cajas, una para operar, otra para eventuales pagos vinculados con la corrupción y una tercera para responder a la delincuencia.
La extorsión se ha convertido en un impuesto criminal cobrado ante la insuficiente protección de las autoridades. El emprendedor paga licencias, tributos y fiscalizaciones, pero debe financiar por su cuenta cámaras, rejas y vigilancia. Después, si la amenaza llega, encuentra comisarías saturadas, investigaciones lentas y un sistema incapaz de ofrecer protección inmediata.
Tres de cada cuatro empresas sienten que reciben del Estado menos de lo que aportan. No sorprende. El aparato público demuestra una eficiencia admirable para encontrar un letrero mal colocado o exigir un documento pendiente, pero una preocupante dificultad para encontrar al delincuente que amenaza con incendiar un negocio.
Esta realidad también perjudica la formalización. Apenas el 10 % del empleo privado en las microempresas es formal. ¿Cómo puede exigirse que un pequeño empresario ingrese plenamente al sistema si hacerlo lo vuelve más visible para el fiscalizador, pero no más protegido frente al extorsionador? Formalizar no puede significar únicamente registrar, cobrar y sancionar. Debe significar brindar seguridad, justicia y servicios eficientes.
La Caja Negra sostiene que la lucha contra la extorsión debe asumirse como una política nacional de seguridad y supervivencia económica. Se necesitan unidades policiales especializadas, inteligencia financiera, protección efectiva para denunciantes, control penitenciario y coordinación entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y municipalidades.
También corresponde revisar las fiscalizaciones que terminan castigando al negocio formal sin mejorar los servicios públicos. Facilitar la formalidad no consiste en pronunciar discursos: exige simplificar trámites, reducir espacios para la corrupción y garantizar condiciones mínimas para trabajar.
Reflexión final
Una nación que no puede proteger a quienes generan empleo está entregando su economía cotidiana al crimen. Cada negocio que cierra por amenazas representa familias sin ingresos, trabajadores despedidos y barrios dominados por el miedo.
El emprendedor no debería elegir entre pagarle al Estado, pagarle al delincuente o bajar definitivamente la puerta. Cuando uno de cada dos pequeños negocios identifica la inseguridad como su mayor obstáculo, ya no hablamos de una advertencia: hablamos de un Estado que está perdiendo la calle mientras el crimen pasa diariamente a cobrar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).