El Estado debe explicar cómo está protegiendo a los adolescentes cuando sus asesinatos alcanzan un nuevo máximo en Lima. Ninguna declaración de firmeza devuelve una vida ni reemplaza la prevención. Mientras las autoridades presentan estrategias, las familias necesitan resultados en sus barrios. La seguridad no puede evaluarse por la cantidad de anuncios, sino por la capacidad de impedir la violencia y esclarecer los crÃmenes. Una adolescencia interrumpida merece más que un comunicado de condolencias.
Según el análisis de Juan Carbajal sobre registros del Sinadef, Lima Metropolitana contabilizó 28 homicidios de adolescentes hasta el 16 de octubre de 2026. La cifra supera todos los totales anuales de la serie iniciada en 2017, incluidos los 27 de 2025. En el paÃs se registraron 84 vÃctimas, frente a las 88 del año anterior.
En Lima, 22 de los 28 homicidios fueron causados por proyectiles de arma de fuego: el 78,6 %. Ese predominio exige investigar la procedencia y circulación de las armas, además de identificar a quienes ejecutaron los ataques. Contabilizar vÃctimas permite dimensionar el problema; no acredita que se esté controlando.
La primera obligación es evitar una confusión injusta: los registros no demuestran que los adolescentes asesinados participaran en delitos. Vincular automáticamente estas muertes con cifras de infracción juvenil estigmatiza a las vÃctimas y facilita explicaciones sin pruebas. Cada crimen exige investigación propia. Ninguna sospecha autoriza a relativizar el derecho a la vida.
El Ejecutivo tampoco puede presentar toda mejora operativa como dependiente de nuevas facultades legislativas. Debe explicar qué acciones puede ejecutar con sus herramientas actuales: fortalecer investigaciones, mejorar la presencia policial y orientar recursos hacia los territorios más afectados. Las necesidades pendientes requieren soluciones, no convertirse en un inventario permanente de excusas.
Pero llegar únicamente después del disparo significa llegar tarde a una parte esencial del problema. La protección exige escuelas capaces de detectar riesgos, servicios accesibles de salud mental y programas comunitarios sostenidos. Una actividad deportiva ocasional no sustituye una polÃtica de prevención. La continuidad se demuestra cuando desaparecen las cámaras y el acompañamiento permanece.
Las familias tienen responsabilidades, pero culparlas de manera general permite esconder otras obligaciones. La violencia tiene factores diversos. Combatir la captación criminal requiere apoyo familiar, oportunidades educativas e investigación de quienes explotan a los adolescentes. La respuesta debe alcanzar también a los adultos que organizan y financian esos delitos.
La Caja Negra exige una estrategia con responsables, presupuesto y metas verificables: prevención territorial, control de armas, investigación de homicidios y acompañamiento a las familias. El Congreso debe fiscalizar resultados, no limitarse a competir en promesas de castigo.
Las autoridades deben informar qué intervenciones funcionan y corregir las fallas. La protección de los adolescentes necesita coordinación efectiva entre seguridad, educación, salud y gobiernos locales.
Reflexión final
No debemos esperar a superar el total nacional de 2025 para reconocer la urgencia. Ochenta y cuatro vidas perdidas ya exigen respuestas.
La pregunta no es cuántos casos faltan para otro récord. Es que ¿qué están haciendo las autoridades para impedir la siguiente muerte? Un paÃs que proclama defender a sus adolescentes debe demostrarlo antes de tener que despedirlos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).