Rafael López Aliaga decidió celebrar antes de que terminara el escrutinio. En Puente Piedra, se declaró ganador frente a Francis Allison y afirmó que había “tumbado a la mafia”. Su certeza provenía de un conteo propio. La escena merece una precisión: los partidos pueden revisar actas y proyectar resultados; las proclamaciones corresponden a las autoridades electorales. El entusiasmo del dirigente no sustituye el procedimiento que debe respetar.
La contradicción resulta difícil de disimular. López Aliaga descalificó a la ONPE mientras celebraba una ventaja reflejada en el cómputo oficial. Si denuncia corrupción, debe presentar hechos verificables ante las instancias correspondientes. Si reconoce resultados favorables, debe admitir también que el proceso incluye revisar lo pendiente. La institucionalidad no puede funcionar como un servicio aceptable únicamente cuando entrega buenas noticias.
Un conteo partidario puede aportar información y detectar discrepancias. Pero debe mostrar actas, metodología y posibilidades de contraste. Decir que uno ya terminó de contar no obliga al país a dar por concluida la elección. La seguridad frente al micrófono no constituye una auditoría, por multitudinario que sea el aplauso.
También cuestionó a los jurados electorales y anunció el despliegue de abogados para vigilarlos. Fiscalizar es legítimo; desacreditar colectivamente exige pruebas que un discurso no reemplaza. Las entidades deben responder por sus demoras y decisiones. Precisamente por eso, la crítica necesita identificar incumplimientos, no convertir a todos los funcionarios en personajes de una conspiración.
El JNE tampoco puede limitarse a observar el espectáculo. Debe resolver con claridad las controversias sobre candidaturas, reemplazos y restricciones. Las objeciones al eventual retorno de López Aliaga requieren respuestas jurídicas comprensibles. Ni una celebración partidaria acredita el derecho a asumir, ni una acusación adversaria demuestra, por sí sola, una infracción.
Lima necesita conocer quién gobernará, con qué respaldo legal y después de qué verificaciones. Esa certeza debe construirse mediante decisiones motivadas. La competencia electoral pierde seriedad cuando cada participante pretende actuar simultáneamente como candidato, fiscal y autoridad proclamadora.
López Aliaga tiene derecho a expresar confianza en su resultado. También tiene la obligación política de respetar la conclusión del proceso y sustentar sus denuncias. ONPE y JNE deben ofrecer información oportuna y decisiones verificables. La transparencia exige responsabilidades de ambos lados.
Reflexión final
Combatir la corrupción requiere pruebas, investigaciones y consecuencias. Invocar una mafia no demuestra haberla derrotado. El poder municipal nace del voto y de su reconocimiento conforme a derecho. Ningún escenario, aplauso o conteo particular puede entregar anticipadamente las llaves de Lima. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).