La democracia peruana padece una enfermedad crónica: la trampa hecha ley. Cuando el artículo 194 de la Constitución prohibió la reelección inmediata de alcaldes, no se legisló para el ciudadano honesto, sino para contener la ambición del caudillo local. Sin embargo, la creatividad de nuestra clase política para bordear las normas siempre va un paso adelante de nuestras instituciones. La reciente resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra la denominada «reelección encubierta» expone una alarmante desconexión temporal entre el árbitro electoral y el derecho ciudadano a un voto informado.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, ensaya una defensa institucional argumentando que «nunca iban a avalar una reelección encubierta». La firmeza de la frase naufraga cuando se confronta con el calendario. ¿Por qué esperar a que pasen las elecciones del 4 de octubre para definir las reglas del juego? Sostener que el Pleno resuelve las controversias «en cada momento en que se presentan» es un argumento técnico que disfraza una omisión política severa. Al postergar este pronunciamiento para la etapa de proclamación, el JNE permitió que la ciudadanía votara a ciegas por candidatos que, en la práctica, estaban inhabilitados para gobernar desde el sillón municipal. Esto no es neutralidad; es desgobierno e indiferencia ante el elector.
Postular como primer regidor para suceder de inmediato al alcalde saliente es una burla explícita al espíritu constitucional. Que este camino no haya sido bloqueado antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas evidencia la fragilidad de nuestro sistema. El JNE se escuda en la imposibilidad de adelantar opinión, pero confunde la prevención de un fraude a la ley con el juicio de un caso particular. Permitir la inscripción de candidaturas viciadas para luego anular sus efectos prácticos genera un escenario de inestabilidad jurídica y social absolutamente evitable.
La ética pública exige autoridades que actúen de manera preventiva y no reactiva. Corregir el rumbo cuando los votos ya están contados no limpia el proceso; solo expone la lentitud de un sistema que reacciona tarde frente al abuso del poder. La justicia que llega a destiempo se parece demasiado a la complicidad por omisión, alimentando la desconfianza de una población harta de las arguyas de sus gobernantes.
La verdadera reforma electoral no se consolida con pronunciamientos tardíos ni con la justificación de vacíos normativos históricos. Necesitamos un tribunal electoral que actúe como un verdadero garante de la moral pública, anticipándose a las jugadas de quienes pretenden eternizarse en el poder. Si el árbitro permite que el partido se juegue con reglas confusas, el resultado siempre estará bajo la sombra de la sospecha. La democracia no resiste más letargos institucionales. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).