La Liga 1 no recuperará credibilidad castigando las protestas con más contundencia de la que emplea para esclarecer sus causas. Catorce fechas para Horacio Melgarejo; dos y ocho UIT para Richard Pellejero. Las sanciones están anunciadas. Falta explicar, con el mismo énfasis, qué se revisó del arbitraje cuestionado y por qué unas declaraciones activan procedimientos mientras otras no. Exigir respeto resulta cómodo cuando la obligación de rendir cuentas termina en el banquillo.
Melgarejo recibió catorce fechas y diez UIT por dos infracciones relacionadas con los incidentes ante Alianza Lima. Su gesto provocador merece reproche. También merece explicación la magnitud del castigo: diez jornadas por una infracción y cuatro por otra. Citar artículos permite identificar la norma; justificar esa acumulación exige demostrar proporcionalidad. Una resolución debe convencer por sus fundamentos, no intimidar por su extensión.
Pellejero recibió dos fechas y ocho UIT tras cuestionar al árbitro Bruno Pérez ante Juan Pablo II. Su frase «ya hicieron el mandado» implica una acusación que necesita pruebas; no puede darse por cierta porque fue pronunciada con indignación. Pero tampoco puede despacharse la controversia del partido cobrando la multa al entrenador. ¿Qué revisión técnica se hizo? ¿Qué decisiones fueron correctas y cuáles equivocadas? Sancionar sus palabras sin esclarecer las jugadas deja al campeonato con un técnico suspendido y las mismas dudas.
La comparación con Pablo Guede y Miguel Rondelli exige respuestas. En octubre, la Liga informó que no había abierto procedimientos por determinadas críticas arbitrales de ambos. Los casos no son idénticos, pero esa diferencia debe explicarse públicamente: ¿qué expresión cruza el límite y cuál permanece dentro de la crítica permitida? Si el criterio solo se conoce después del castigo, el reglamento deja de orientar y empieza a parecer una sorpresa reservada para el sancionado.
La FPF y los órganos competentes deben publicar resoluciones íntegras, justificar las multas y explicar cuándo corresponde iniciar un procedimiento. La revisión arbitral necesita igual transparencia. El campeonato no puede funcionar con entrenadores obligados a medir cada palabra y autoridades incapaces de explicar cada decisión.
Reflexión final
El entrenador debe responder por lo que dice. El árbitro, por lo que cobra. Y la dirigencia, por cómo administra ambas responsabilidades. Si toda la energía institucional termina en castigar al que reclama, la Liga habrá conseguido silencio, no confianza. Una multa puede cerrar un expediente; jamás corregirá un penal mal cobrado. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).