Alerta: Minería ilegal avanza peligrosamente en la Amazonía

La minería ilegal encuentra terreno favorable donde el Estado incumple sus obligaciones. Cuando faltan atención médica, educación y oportunidades económicas, quienes ofrecen ingresos inmediatos ganan influencia. Esa es la gravedad de la denuncia que llega desde Condorcanqui. No basta condenar las dragas: las autoridades deben explicar por qué las comunidades encuentran respuestas en una actividad ilícita mientras siguen esperando servicios públicos. El abandono también tiene consecuencias, aunque no aparezca tipificado en los discursos oficiales.

Néstor Reátegui Daniel, representante awajún de Condorcanqui, afirmó tras el encuentro con León XIV en Pucallpa que algunas familias reciben recursos de la minería ilegal para cubrir necesidades educativas y mejorar sus condiciones de vida. Reconoció que esas operaciones son ilícitas y sostuvo que ciertas dragas ingresan con consentimiento de pobladores o autoridades comunales. Su declaración no representa necesariamente a todo el pueblo awajún.

El dirigente denunció deficiencias en salud y educación. Por su parte, la lideresa shipiba Susy Díaz Gonzales cuestionó la discriminación y la desatención estatal, y describió amenazas contra los territorios y las fuentes de vida de las comunidades.

El testimonio de Reátegui debería incomodar primero a quienes gobiernan. Que una actividad ilegal llegue a ser percibida como ayuda revela una pérdida de credibilidad del Estado. La respuesta no puede consistir en exigir paciencia a familias cuyas necesidades tienen urgencia diaria.

Esto tampoco convierte a la minería ilegal en beneficencia. El dinero que circula hoy no garantiza seguridad mañana ni compensa automáticamente los daños al territorio. Quienes obtienen ganancias deben responder por sus actos; la necesidad de una comunidad no les concede impunidad.

Pero una política que solo llega para retirar maquinaria y después desaparece deja sin resolver las condiciones que facilitaron su ingreso. Combatir la ilegalidad exige permanencia. Una posta necesita personal y medicamentos; una escuela, docentes y condiciones adecuadas; una actividad productiva, asistencia técnica y acceso a compradores. Ninguna de esas tareas se cumple con una visita fotográfica.

También resulta inaceptable trasladar toda la responsabilidad a los pueblos indígenas. Corresponde investigar a quienes financian, abastecen y comercializan la extracción ilícita. Perseguir únicamente al eslabón más expuesto ofrece resultados visibles, pero puede dejar intacto el negocio.

La Caja Negra exige al Gobierno nacional y a las autoridades regionales y locales una respuesta coordinada, con presupuesto, responsables y plazos públicos. La protección territorial debe avanzar junto con servicios esenciales y oportunidades legales acordadas con las comunidades.

Los proyectos económicos necesitan continuidad y evaluación. Entregar herramientas sin acompañamiento ni mercado puede producir otra inauguración y ningún ingreso sostenible.

Asimismo, deben protegerse las personas amenazadas por denunciar y garantizarse la participación de mujeres, jóvenes y autoridades indígenas. Escuchar implica incorporar sus decisiones, no solamente registrar sus testimonios.

Reflexión final
La ausencia estatal no justifica la minería ilegal, pero facilita que se afiance. Ignorar esa relación permite repetir operativos sin corregir el abandono. El Estado debe recuperar autoridad cumpliendo. Porque exigir legalidad desde Lima resulta demasiado cómodo cuando las comunidades siguen esperando razones concretas para confiar en ella. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).

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