En el Perú de Dina Boluarte, la democracia se disfraza para las fotos y la libertad de prensa se tolera solo mientras no toque los intereses de quienes mandan. El hostigamiento a periodistas ya no es un síntoma: es política oficial. Julio dejó la evidencia al desnudo: amenazas de muerte, denuncias judiciales y campañas de difamación, todo dirigido a medios y reporteros cuyo único delito fue cumplir con su trabajo.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha encendido la alarma. Latina, Willax y La República figuran entre los blancos más recientes de esta maquinaria de intimidación, un engranaje que combina al aparato del Estado, operadores políticos y simpatizantes radicales para castigar al que pregunta demasiado.
Los hechos hablan solos. La periodista Grecia Infante, de La República, fue amenazada de muerte tras revelar el circo de los trenes oxidados Lima–Chosica importados por el alcalde Rafael López Aliaga. La respuesta de la Municipalidad de Lima no fue explicar el despropósito, sino acusar al medio de “dañar los vagones”. Acto seguido, sus simpatizantes asumieron el papel de matones.
En Huaraz, Gudy Gálvez se convirtió en blanco de amenazas por destapar corrupción en obras públicas. Fotógrafos como Juan Zapata y Juan Mandamiento recibieron golpes mientras cubrían protestas, porque la violencia física también se ha vuelto parte del libreto.
Y la lista continúa con un guion que mezcla cinismo e impunidad: la fiscal Marita Barreto abrió una investigación contra periodistas de Willax, y el exministro Juan José Santiváñez denunció a reporteros de Latina por “reglaje”. A esto se suma la joya legislativa de la temporada: la “Ley Mordaza”, un proyecto que convierte la crítica en delito y amenaza con asfixiar el último respiro de libertad que le queda a la prensa peruana.
El CPP lo dijo sin ambigüedades: se está usando el sistema judicial y las instituciones del Estado como armas para silenciar a la prensa. Y el Gobierno, lejos de garantizar la protección de los periodistas, se acomoda en un silencio cómplice que confirma su comodidad con este clima de persecución.
Porque no nos engañemos: un Ejecutivo sin plan de gobierno, cercado por bandas criminales, con hospitales colapsados y colegios en ruinas, ve en la prensa libre un enemigo más fácil de atacar que al crimen organizado. Y así, mientras la población vive extorsionada, secuestrada y aterrada, el poder dedica tiempo y recursos a blindarse de las preguntas incómodas.
El Perú está en caída libre y en piloto automático. La criminalidad manda en las calles, la minería ilegal y el narcotráfico jaquean regiones enteras, y las instituciones se caen a pedazos. En lugar de combatir ese desastre, el Gobierno concentra su artillería en periodistas, porque el silencio mediático es más útil para la impunidad que cualquier reforma de seguridad. Esto no es un exceso aislado, es una estrategia: debilitar la prensa para que nadie pueda documentar el derrumbe. Y cuando el periodismo es el enemigo, el ciudadano común es la próxima víctima.
Reflexión final
La mordaza legal, las amenazas y la violencia no son accidentes: son herramientas del poder. Cada periodista amedrentado es un ladrillo menos en la muralla que protege a la democracia. Y cuando esa muralla ceda, no habrá cámaras ni micrófonos para contar lo que viene.
Hoy atacan a la prensa; mañana, a cualquier voz que se atreva a exigir cuentas. Y en ese escenario, la oscuridad no será una metáfora: será la nueva normalidad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra